A más tardar en julio deben mostrar archivos judiciales
La reforma a la ley de transparencia obligará a publicar sus sentencias al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Consejo de la Judicatura, así como al Instituto de Justicia Alternativa, reservándose la información del denunciante
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Las reformas eran necesarias, ya que Jalisco ocupó el lugar 23 a nivel nacional en torno a deficiencias detectadas en procesos judiciales, como no registrar sentencias emitidas por no ser consideradas de interés público/Fotos: Francisco Tapia
El pleno del Congreso de Jalisco aprobó reformas a la Ley de Transparencia a fin de que todas las sentencias definitivas, emitidas por cualquier órgano judicial en el estado, sean públicas, siempre y cuando se reserve la información del denunciante.
La iniciativa fue implementada por las diputadas locales de MC, Ana Lidia Sandoval y Mirza Flores Gómez, y busca que se transparenten los archivos judiciales, estableciendo un plazo hasta julio del año en curso para que se publiquen todas las sentencias de los últimos diez años.
Por ello, y una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, la reforma obligará a publicar sus sentencias al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), el Consejo de la Judicatura, así como al Instituto de Justicia Alternativa.
La propuesta fue trabajada con el colectivo “Equis Justicia para las Mujeres”, quien en su momento expresó la necesidad por generar acciones en materia de transparencia, ya que Jalisco ocupó el lugar 23 a nivel nacional en torno a deficiencias detectadas en sus procesos, como no registrar sentencias emitidas por no ser consideradas de interés público, esto, de acuerdo al informe (In)Justicia Abierta: ranking de opacidad judicial en México.
De acuerdo con la diputada Ana Lidia Sandoval, una de las proponentes, la intención de transparentar el trabajo de magistrados y jueces es para que la sociedad conozca los términos en que actúan en las sentencias
“El Poder Judicial del Estado de Jalisco no es la excepción respecto al resto de los estados, de 100 puntos que se evalúan para ser considerado un tribunal abierto, únicamente tuvieron 12 puntos. No tienen un control sobre el número de sentencias que emiten y tampoco consideran todas las sentencias de interés público”, señalaron integrantes del colectivo en su momento.
Además, detallaron que sólo uno de 32 poderes estatales publica todas sus sentencias. De quienes no, el 18 por ciento no reconoce el número de sentencias que emiten, mientras que la mitad de los poderes judiciales no saben cuántas expiden.
“Hay un criterio constitucional de máxima publicidad y bajo ese principio todas las sentencias incluidas las de primera instancia que no han causado estado tendrían que hacerse públicas, siempre y cuando no afecte el litigio que se está llevando, pero eso lo tienen que argumentar los jueces”, agregaron.
De acuerdo a una de las proponentes, la diputada Ana Lidia Sandoval, con esto se buscará transparentar un poco el trabajo que realizan los magistrados y jueces, a fin de que la sociedad esté enterada bajo qué términos que es que actúan en las sentencias.
