Para que no entregue millonadas a sus empresas amigas: Norma Valenzuela
Diputada por Morena propuso expedir la ley de comunicación, difusión y publicidad oficial para Jalisco, a fin de regular la forma y montos en que se da dinero a empresas de información
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Es urgente la aprobación y entrada en vigor de mencionada ley, por el caso de Euzen, La Covacha e Indatcom”; solamente nombrar estas empresas evoca una estela de corrupción que va desde las granjas de bots hasta la imposición de “propaganda” a ayuntamientos, explicó la diputada Norma Valenzuela/Foto: Archivo Página 24
Con el objetivo de regular el dinero que se le otorga al ramo de comunicación social de la administración estatal, la fracción parlamentaria de Morena presentó una iniciativa para expedir la Ley de Comunicación, Difusión y Publicidad Oficial para el Estado de Jalisco.
A nombre de la fracción, la diputada Norma Valenzuela, explicó la importancia por generar un la regulación en la materia, ya que en las cifras dadas por el gobernador Enrique Alfaro en su informe del año pasado hubo algunos números que no concordaron en materia de publicidad.
“Es urgente la aprobación y entrada en vigor de mencionada ley, por el caso de Euzen, La Covacha e Indatcom. Al escuchar estos nombres sabemos a lo que refieren estas empresas, y las muestras van desde granjas de bots que han sido exhibidas por sus errores, hasta la ruptura definitiva de un ayuntamiento metropolitano con estas empresas, y la gran cantidad de recursos públicos que se pagan a estas empresas”.
De acuerdo a la iniciativa, agregó, también se buscará crear un padrón estatal de medios de comunicación, así como la confirmación del Consejo Ciudadano de Comunicación, Difusión y Publicidad Oficial.
El padrón será de carácter público y estará administrado por el Poder Ejecutivo, y contendrá el registro de medios de comunicación que presten servicios en materia para entes públicos. En este aspecto, para darse de alta los medios proveedores deberán comprobar que no existen conflictos de interés.
El consejo será un órgano consultivo e independiente, que se encargará de la vigilancia de las erogaciones a publicidad y comunicación social. Estará confirmado por cinco personas con experiencia en el ámbito, y durarán cuatro años en el cargo.
También, se establece que ningún sujeto obligado puede recibir una remuneración económica por la prestación de sus servicios mayor al 30 por ciento del presupuesto de comunicación y publicidad, y en este mismo sentido se aplicará a varios sujetos que quieran sobrepasar esta cantidad.
“Todo ello estableciendo diferentes lineamientos para la asignación del presupuesto garantizando transparencia y legalidad de los recursos, garantizando el derecho al acceso a la información de la ciudadanía y el derecho a la libertad de expresión de los periodistas haciendo un contrapeso en la relación entre la administración pública y los medios de comunicación”, agregó.
