“Víctimas invisibles, como personas desechables”

Existe una relación entre la desigualdad y el fenómeno de las desapariciones, y una lógica que el crimen organi­zado heredó de los regímenes autoritarios que hizo invisi­bles a las víctimas como si fueran personas desechables.

Así lo consideró la inves­tigadora argentina del Insti­tuto de Investigaciones Ju­rídica de la UNAM, doctora Karina Ansolabehere, durante la plataforma “Represión po­lítica, desaparición forzada y estrategias de resiliencia en contextos de desigualdad”, organizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CALAS), adscrito al Centro Universitario de Ciencias So­ciales y Humanidades (CUC­SH), de la UdeG.

En las instalaciones del CUCSH, sede Los Belenes, la especialista presentó la ponen­cia “Pensar las desapariciones en contextos posautoritarios: lógicas y dinámicas”, que de­sarrolló en coordinación con la investigadora de la Universi­dad de Oxford, Leigh Payne.

“Antes, ligaban al fenóme­no con el autoritarismo y la desaparición contra los opo­sitores políticos. Pero hoy ese paradigma se ha roto, pues se desaparece prácticamente a personas de todos los sectores y ya no son exclusivas de un contexto político”, subrayó. No obstante, dijo, hay lógicas que se comparten en ambos escenarios: clandestinidad, uso desechable de las perso­nas y pérdida ambigua.

“Las autoridades esconden las violaciones de derechos humanos para evitar costos reputacionales y legales. En los 70 era el subversivo el que desaparecía. Hoy son los que forman parte de un grupo cri­minal o la chica que andaba en la calle sola. Y se revicti­miza igual: ‘En algo andaba’, dicen. En México, hay 60 mil personas desaparecidas, pero hay personas que están en ma­yor riesgo que otras. A todos les puede pasar, pero las des­apariciones se concentran en poblaciones ya marginaliza­das”, denunció Ansolabehere.

Añadió que, además de la “pérdida ambigua” –concepto que engloba a la falta de certeza de las víctimas, la incer­tidumbre sobre la situación, la revictimización y la estigma­tización–, los actores pode­rosos desaparecen a personas consideradas desechables con la narrativa de que algo hicie­ron para merecer ese destino.

“Las autoridades mini­mizan y niegan el problema, mientras que las víctimas sufren la pérdida ambigua, y como única salida queda la movilización social e interna­cional, que es la que presiona al gobierno. Las familias se organizan y construyen alian­zas y presionan”, subrayó.

Mesa con madres de familia

El investigador del CUC­SH, Darwin Franco Migues, moderador de la mesa, es­pecificó que Jalisco tiene el segundo lugar nacional en el rubro de desaparecidos, con 8 mil 872. Se trata de un delito de lesa humanidad. De esta cifra, hay mil 77 mujeres, 7 mil 788 hombres y siete de los que no determinan género. Además, hay 976 desapareci­dos en Jalisco que son niñas y niños.

“El 44 por ciento son jóve­nes de entre 18 y 29 años de edad. En nuestros jóvenes está el grueso de los desparecidos, en nuestros hijos. Por eso, en este proceso, la voz digna, so­lidaria y amorosa la han llevado los colectivos de madres de fa­milia”, declaró Franco Migues.

La señora Leticia Vázquez Camarena, madre de Erika Cueto Vázquez, desapareci­da desde 2014, señaló que no sólo luchan contra quienes se llevaron a su hija, sino contra los gobiernos, a los que no les importan los desaparecidos.

“Cuando nos desaparecen un hijo, nos dejan muertos en vida. Nos arruinan a toda la familia. Esperemos que el gobierno ponga más atención, nos escuche y nos ayude a en­contrar a nuestros hijos”, dijo.

María Guadalupe Agui­lar, madre de José Guadalupe Arana Aguilar, coordina a un colectivo de 400 personas que trabajan para encontrar a sus hijas e hijos, víctimas de des­aparición.

“No es un asunto de polí­tica, es de derechos humanos. Pero los gobiernos están en manos de ignorantes de las necesidades del pueblo. Hay 40 mil desaparecidos y 37 mil sin identificar. La lógica se­ñala que ahí están muchos de nuestros desaparecidos, pero no los identifican porque el licenciado Encinas dice que son alrededor de cinco mil peritos. Ya son nueve años y tengo pavor de que se me va la vida y que moriré sin en­contrar a mi hijo”, denunció.

Recordó que en México hay 40 laboratorios forenses, pero sólo 12 certificados, con lo cual, de acuerdo con pe­ritos forenses de Argentina con quienes platicaron alguna vez, se tardarían 50 años en identificar a los que están en las morgues, y con la lentitud que perciben, incluso tarda­rían 100 años.

Destacó que Jalisco, todos los días, tiene entre 10 y 14 desaparecidos. “No nos da­mos abasto. Actualmente, tra­bajamos en tres fosas. En El Mirador, en Tlajomulco, he­mos encontrado 674 indicios. Porque la nueva moda de los delincuentes es dejarlos en pedazos. Y si los funciona­rios no vienen con nosotros, no nos van a entender. Si no perciben ese olor a muerte, no nos van a entender”, resaltó la señora Aguilar.

Calificó a lo que ocurre como “delincuencia autoriza­da”, pues las autoridades están coludidas con los criminales, en la mayoría de los casos.