Les hicieron “fraude” en edificio legislativo de avenida Juárez
El contrato data de 2016 y a la fecha están inactivos, pues presentan al menos 20 puntos de riesgo para empleados, explicó el contralor del Congreso de Jalisco
Por Elizabeth Ríos Chavarría

Raúl Bermúdez Camarena, contralor del Congreso de Jalisco, manifestó que los elevadores no se mueven porque son prueba del incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato con la empresa; por esto buscarán hacer valer las fianzas, se rescinda el contrato y continúen las acciones legales/Foto: Francisco Tapia
A riesgo de que sigan sin funcionar por tiempo indefinido, en el Congreso de Jalisco continuarán con las acciones legales correspondientes en contra de la empresa que se encargó de colocar los dos elevadores del edificio legislativo de Juárez, y que en la actualidad se encuentran resguardados por inseguros para los trabajadores del lugar.
Pese a que algunos coordinadores parlamentarios se posicionaron por llegar a un acuerdo con Hidra Elevadores y Escaleras, la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Jalisco avaló continuar con las acciones penales y civiles en contra de esta empresa, contratada para colocar los dos elevadores, mismos a los que se les han encontrado por lo menos 20 puntos de riesgo.
Tal cual ya lo había adelantado en su momento el contralor Raúl Bermúdez Camarena, esto implicará que los elevadores se queden sin funcionar por tiempo indefinido en tanto se lleven las acciones legales correspondientes.
“No podrían funcionar porque estaríamos poniendo el riesgo las pruebas que forman parte no sólo de la vía administrativa, sino las vías legales que tienen que ver con las fianzas, dentro del juicio civil y mercantil”.
En 2016, el Congreso de Jalisco contrató a Hitra Elevadores y Escaleras, mediante un contrato de adjudicación, para la colocación de dos elevadores. Pese a que el costo fue de 2.9 millones de pesos, en aquel momento sólo se le dio la mitad a la empresa. Desde entonces, no sólo ha habido incumplimientos de tiempos o retrasos, sino múltiples irregularidades que han suscitado un funcionamiento intermitente de los elevadores.
Respecto a esta situación, el contralor recordó que el 10 de julio la autoridad substanciadora del órgano interno de control emitió medidas cautelares en torno a salvaguardar la integridad física de los servidores públicos que trabajan en el edificio Juárez, así como para garantizar que las pruebas dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa que iniciaron no sean viciadas.
“Estas medidas son a partir de que el órgano interno cuenta con un dictamen pericial que no sólo manifiesta el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos, sino de un posible fraude porque dentro de las propias obligaciones contenidas no se puso lo que se estaba solicitando, es por eso que se pide al área jurídica que haga valer las fianzas, se rescinda el contrato y estar ejerciendo las acciones legales para que el Congreso del Estado no tenga un menoscabo en el erario”, agregó.
