Las penas irán de los 16 meses a los 15 años de prisión: Javier Romo
El diputado emecista señaló que son urgentes los cambios en el código penal de Jalisco, ante la preocupante alza de este delito, incluso a mano armada
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“La pena aumenta de 5 a 10 años si el teléfono contiene información biométrica o financiera y de 6 a 12 años cuando se extraiga o utilice información contenida en el aparato. En caso de que el robo se haga con arma de fuego las penas podrían ir de 7 a 15 años de prisión”, detalló el legislador naranja en su propuesta/Foto: Francisco Tapia
Javier Romo Mendoza, diputado local de MC, presentó una iniciativa para sancionar con prisión a quienes comercialicen o compren celulares robados; las penas podrían ir desde 16 meses hasta 15 años de prisión dependiendo la gravedad de la falta.
Con reformas al Código Penal del estado a fin de incluir varios artículos que castiguen la compra-venta y robo de celulares, la iniciativa plantea de manera inicial penas de 4 a 8 años de prisión y una multa de 50 a 100 UMAS a quien sustraiga, arrebate, despoje o prive a un transeúnte de su teléfono celular. Las mismas sanciones se aplicarían también a quien los venda, los desbloquee o remarque.
Justificó la propuesta y sanciones ante el incremento de robo de celulares en el país y estado, y en cómo es que no se hace nada por inhibir aquellos lugares en donde se sabe comercializan con aparatos robados.
“La pena aumenta de 5 a 10 años si el teléfono contiene información biométrica o financiera y de 6 a 12 años cuando se extraiga o utilice información contenida en el aparato. En caso de que el robo se haga con arma de fuego las penas podrían ir de 7 a 15 años de prisión”, explicó.
Además, la iniciativa propone que quien adquiera o posea un equipo robado pueda ser acreedor a sanciones que irían de 16 a 32 meses de prisión. También, y si el artículo se comercializa en algún local se procederá a la cancelación definitiva de licencias o permisos; así como la inhabilitación para ejercer la profesión, en caso de que quien venda los teléfonos cuente con algún grado académico en el rubro de la informática, computación o telemática.
“Con esta reforma buscamos que el robo de celulares se persiga de oficio para que la fiscalía del estado y los ayuntamientos, a través de sus policías y sus áreas de inspección, implementen operativos y acciones que disminuyan el riesgo de los ciudadanos a ser violentados”.
Agregó también que se contemplan sanciones a los servidores públicos que otorguen autorización o permitan –por acción u omisión– la comercialización de estos equipos, con inhabilitación de hasta por 15 años para trabajar en el servicio público.
Recalcó la importancia por generar castigos al respecto, pues de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2017 se registraron 9.5 millones de robos o asaltos en la calle y transporte público, de los cuales más del 51 por ciento fueron teléfonos celulares.
