Fiscalía y Ciencias Forenses violaron trato digno a fallecidos no identificados
Ante decenas de familiares de personas desaparecidas, el ombudsman de Jalisco detalló los puntos de la recomendación emitida a instancias gubernamentales y funcionarios por el pésimo manejo en la clasificación, tratamiento y traslado de cadáveres
Por Gloria Reza M.
A ocho meses de que trascendiera a nivel mundial el hecho de que en Jalisco circulaban dos tráileres refrigerados que transportaban más de 300 cadáveres, Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, emitió recomendaciones al gobierno estatal, a la FGE y al IJCF, ya que se violó el derecho a la seguridad jurídica y a la igualdad/Fotos: Cuartoscuro
(apro).- A ocho meses que estalló el escándalo internacional ante la acumulación de cadáveres en dos tráileres refrigerados –uno de ellos anduvo deambulando por la ciudad–, al no contar el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) con espacio suficiente; la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación por dicha irregularidad.
Alfonso Hernández Barrón, presidente de la CEDHJ, dio a conocer ante la presencia de familiares de desaparecidos, la recomendación 10/2019 dirigida a la Fiscalía del estado y al IJCF, al documentar que se violó el derecho al trato digno a los fallecidos no identificados, así como la justicia y a la igualdad.
A la vez, el organismo detectó que hubo un manejo irregular en la clasificación, conservación, tratamiento, y traslado de cadáveres, así como en su identificación. Además, se violentó el derecho a la protección a la salud, a la verdad y a la seguridad jurídica.
Es por ello que recomiendan al titular de la Fiscalía del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al director del IJCF, Daniel Barba, ofrecer una disculpa pública a los familiares de personas desaparecidas, colectivos y a la comunidad en general, “por los hechos que conmocionaron a la opinión pública, y generaron particular sufrimiento a quienes buscan a sus familiares y seres queridos”.
De la misma forma, solicitan recursos suficientes para que funcionen de forma adecuada todas las dependencias relacionadas con los procesos ministeriales, así como en la identificación de cuerpos.
Otro punto, es implementar un protocolo de información entre la Fiscalía y el IJCF para reportar datos y elementos que permitan la identificación de personas.
Una petición más es que se agote “lo necesario para identificar a las personas fallecidas en resguardo del IJCF y de la Fiscalía del Estado que no cuenten con los datos y dictámenes periciales para su identificación, con el fin de localizar a sus familiares”.
Otra acción que urge para prevenir otra contingencia similar de acumulación de cuerpos, es concretar la construcción de un cementerio forense, depósitos o cámaras de refrigeración para cadáveres.
En lo particular, a la Fiscalía se le emitieron cinco recomendaciones, entre ellas, cambiar las prácticas administrativas para la inmediata obtención de datos que permitan identificar a los fallecidos, e instalar en el IJCF una agencia del Ministerio Público con personal suficiente.
Para el director del IJCF, son tres las recomendaciones directas, destaca tener un control eficiente de los procesos de identificación de cuerpos y restos humanos, e implementar una base de datos de las personas fallecidas que pueda ser mostrada a quienes buscan a su familiar.
Al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra se le pide erigir un memorial en honor de los fallecidos cuyos cuerpos fueron tratados indignamente; al secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctima, Juan Carlos Benítez, que a los familiares de las personas que se encontraban al interior del tráiler, se les dé un registro de víctimas indirectas, con el fin de que exista una reparación integral del daño.
A la contralora estatal, Teresa Brito, resuelva los procedimientos administrativos que abrió en contra de los funcionarios de la Fiscalía y del IJCF involucrados; y al fiscal especializado en Combate a la Corrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, integre y resuelva las carpetas de investigación abierta en contra los servidores públicos que intervinieron en los hechos irregulares.
Tras las publicaciones en diferentes medios de comunicación sobre el tráiler con cadáveres que circuló por la zona metropolitana de Guadalajara, y que se descubrió a raíz de que los vecinos se quejaron de los olores que emanaban del vehículo pesado estacionado en un predio aledaño a sus viviendas en Tlajomulco, el pasado 16 de septiembre, la CEDHJ abrió una queja de oficio.
La CEDHJ comprobó que el tráiler salió sin notificación previa, ni autorización del IJCF, también fue omisa la autoridad en su destino en diferentes puntos de la zona metropolitana, e itinerario de traslado, y en su regreso al IJCF.
