El problema de la impunidad no es de la fiscalía, reviran especialistas
En presentación de libro, especialistas indicaron que debe revisarse exhaustivamente el proceder de los juzgadores; pero no sólo eso, sino aplicarles mecanismos como las pruebas de control y confianza, que han sido declaradas como inconstitucionales para los jueces y magistrados
Por Rafael Hernández Guízar
De acuerdo con especialistas en la materia, el problema principal de la seguridad en Jalisco no está en la integración de las carpetas de investigación o las averiguaciones realizadas por la fiscalía, sino en el Poder Judicial, ya que los jueces y magistrados responden a intereses de partidos, o de las mismas universidades/Foto: Rafael Hernández Guízar
La corrupción del Poder Judicial debe corregirse, pues es lo que está pudriendo al sistema de justicia, sentenciaron especialistas.
Ayer en la presentación del libro “Seguridad pública”, en el Colegio de Jalisco, especialistas como Pablo Moloeznik y el mismo coordinador estratégico del Gabinete de Seguridad de Jalisco, Macedonio Tamez Guajardo, señalaron que al momento el problema principal de la seguridad en el estado radica no en la integración de las carpetas de investigación, las averiguaciones mismas que se realizan por la fiscalía o los cuerpos municipales de policía, sino en el Poder Judicial, ya que los jueces y magistrados responden a intereses de partidos, o de las mismas universidades.
“Tienen dueño los magistrados”, dijo Macedonio Tamez, quien sentenció que cada una de las posiciones dentro del Poder Judicial, las de mayor relevancia al menos, obedecen a los intereses de partidos políticos, pues son estos los que se han encargado de que estén dichas personas en esos lugares.
Incluso, dejarlo al azar, es decir que al tener a quienes pudiesen ocupar los cargos por cubrir el perfil, se hiciera un sorteo en lugar de dejar que sean los diputados quienes decidan quiénes son los que quedarían dentro del Poder Judicial, con lo cual desacreditó también al Congreso del Estado.
Indicaron que sí debe hacerse una revisión exhaustiva de los juzgadores, pero no sólo eso, sino aplicar mecanismos como las pruebas de control y confianza que han sido declaradas como inconstitucionales para los jueces y magistrados.
Al tiempo, reconocieron “las deplorables” condiciones en las que se encuentra el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el cual según trascendió debería de contar no sólo con personas aptas para el cargo, sino también con más presupuesto, ya que en el actual sistema de justicia se convierte en una de las piezas fundamentales para soportar la carga de la prueba, lo cual permite dar salida a las investigaciones ante el principio de presunción de inocencia.
Finamente, los especialistas vieron con aceptación el anuncio del gobernador del estado Enrique Alfaro respecto a la comisión especializada para el combate a la corrupción que cuenta con el apoyo de la Conago y el gobierno federal; indicaron que en efecto, Jalisco es el primer estado en el que debería implementarse los filtros que den certidumbre a la ciudadanía en torno a la probidad del Poder Judicial.
