Hay un documento que protege la zona, señala Raquel Gutiérrez

Llevarán el caso al Sistema Nacional Anticorrupción, para que se determine la “ilegalidad” de las obras de construcción de Arena Guadalajara y Fiestas de Octubre, explicó la investigadora

Por Rafael Hernández Guízar

Tan sólo la semana pasada se talaron más de 200 árboles en Huentitán, lo cual de acuerdo con Raquel Gutiérrez Nájera, especialista en derecho ambiental, es otro agravante porque va en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de toda la ciudad/Foto: Archivo Página 24

Tan sólo la semana pasada se talaron más de 200 árboles en Huentitán, lo cual de acuerdo con Raquel Gutiérrez Nájera, especialista en derecho ambiental, es otro agravante porque va en detrimento de la calidad de vida de los habitantes de toda la ciudad/Foto: Archivo Página 24

Será a través de la Fede­ración como los vecinos de Huentitán frenen la construc­ción de Arena Guadalajara y las Fiestas de Octubre, anun­ció ayer Raquel Gutiérrez Ná­jera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA).

Según las investigacio­nes de la doctora en derecho, existe un decreto de expro­piación a través del cual las tierras que pertenecían al ejido de Huentitán le fueron “expropiadas” al mismo, con la finalidad de que se cons­truyera en ese sitio un parque que garantizara la permanen­cia del área forestal y de con­servación ambiental en esta zona de la ciudad.

Dichos terrenos les fueron pagados a los ejidatarios y por ello, dijo la académica, es una prueba fehaciente de lo que se debe hacer con el pre­dio público, por ello, aunque el ayuntamiento de Guadala­jara haya tomado la determi­nación de venderlo al gobier­no estatal en el pasado y este, decidiera construir en el sitio el núcleo de las fiestas de oc­tubre, estarían impedidos por el documento que proviene de la federación.

En entrevista, sentenció que ante las negativas de Enrique Alfaro y el mismo alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro para acatar el fallo otorgado por un Juzgado de distrito don­de se les dio a los vecinos una suspensión para que no se hi­cieran nuevas modificaciones al entorno, es decir, construc­ciones o instalación de nuevos negocios, los involucrados han caído en desacato, una prueba más que será llevada la sema­na próxima al gobierno federal para pedir que a través del Sis­tema Nacional Anticorrupción se determine la “ilegalidad” de las obras que al momento se pretenden realizar.

Tan sólo la semana pasada se talaron más de 200 árboles en el sitio y esto, según Ra­quel Gutiérrez, es otro agra­vante ya que va en detrimento de la calidad de vida no sólo de los habitantes de la zona sino, de toda la ciudad tras los servicios forestales y produc­ción de oxígeno que propor­cionaban estos especímenes que fueron derribados.

La también investigadora de la Universidad de Guada­lajara (UdeG), aseguró que es benéfico que sea a través de la federación como pueda destrabarse el problema que se ha intentado solucionar en el ámbito local, y es que, advirtió que el hecho de caer en desacato y no sólo no te­mer a las represalias de esto, sino incluso promover ante la autoridad que se sobresea –se extinga el juicio de amparo- por considerar que ha cadu­cado la instancia, es decir, lo que se peleaba en este juicio –los planes parciales- es otra muestra del quebranto al Es­tado de Derecho.

“El representante jurídico del ayuntamiento pidió que se sobresea el juicio que es otra forma de acabarlo, al consi­derar que los planes parciales que estábamos impugnando ya no estaban vigentes y bue­no, lo que sí está vigente son las consecuencias de estos, los negocios, las licencias y las obras que se aprobaron con esos planes, por eso la sentencia sigue”, dijo.

Igualmente, dijo que acu­dirían también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a promo­ver una queja por la viola­ción “sistemática” a derechos como el medio ambiente sano y la calidad de vida de los ve­cinos de este lugar a cargo del gobierno estatal y municipal.

Sin ánimo de confronta­ción, Raquel Gutiérrez llamó al diálogo al gobernador del estado para que reconsidere los daños ambientales que se atraen al urbanizar la ceja de la barranca de Huentitán y así, evitar la promoción de un nuevo juicio de amparo que será promovido también la semana entrante.