Por Francisco Andalón López
Según Enrique Alfaro se espera llegar “hasta las últimas consecuencias” en la investigación del boquete financiero en la SSJ durante el tiempo que Antonio Cruces Mada dirigió la institución: “Desde mi posición me parece que tendría que acabar en cárcel, entonces no es un asunto menor, pero yo no soy fiscal, yo soy gobernador”, se lanzó el mandatario/Foto: Francisco Tapia
El desfalco que dejó la pasada administración en la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) podría llegar a los ocho mil millones de pesos, aseguró Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado, aunque por lo pronto, se ha acreditado un daño al erario por 605 millones, de ahí que ya se haya interpuesto una denuncia penal en contra de quien resulte responsable ante la Fiscalía Anticorrupción.
Según el mandatario estatal, se espera se llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación de la que, por el periodo en que se registró el boquete financiero, le tocaría a Antonio Cruces Mada enfrentar este desfalco.
“Desde mi posición me parece que tendría que acabar en cárcel, entonces no es un asunto menor, pero yo no soy fiscal, yo soy gobernador”.
“¿Qué espero yo? Que la Fiscalía Anticorrupción cumpla con su trabajo y que en ese caso y en todos los demás que estamos denunciando porque son muchos, contra muchos funcionarios, aquí no hay consigna contra nadie, no es un ánimo personal contra el señor Cruces es contra aquel funcionario que haya cometido un ilícito en el ejercicio de su responsabilidad, yo sí espero, confío en que acaben en la cárcel”
En este sentido, se pronunció porque todo aquel funcionario o ex funcionario que haya cometido alguna irregularidad sea investigado y en caso de resultar responsable que caiga todo el peso de la ley sobre éste, sin importar que implique que tenga que pasar un tiempo tras las rejas para resarcir el daño que cometió.
“Me encantaría que cualquier funcionario, no él en específico, que cualquier funcionario que hizo lo que hizo ese funcionario, acabara en la cárcel, pero hay que decirle a los ciudadanos, no me pidan que yo diga que si me comprometo a algo que no está en mis funciones constitucionales como gobernador, el gobernador no mete a la cárcel a nadie, el gobernador presenta las denuncias para que las instancias encargadas de la procuración de la justicia hagan su trabajo”.
Entre las irregularidades se encuentra el contar con pasivos contingentes por más de 200 millones a proveedores; casi 40 millones de pesos por omisión en cobro de contratos; laudos por cerca de ocho millones; 30 obras inconclusas con un monto de 790 millones; 117 cuentas bancarias activas, cuando únicamente se reportaron 70 en la entrega-recepción.
“La Contraloría está levantando actas de sitio de cada obra y encontrando que en muchas se había reportado como concluida y no lo estaba, entonces ese es el primer elemento para trabajar con los órganos fiscalizadores federales y poder trabajar con ellos y que estos desemboquen, si es el caso, en procesos resarcitorios”, detalló Teresa Brito, contralora del estado.
Por su parte, Fernando Petersen Aranguren, actual secretario de Salud, indicó que se han podido solventar algunas deficiencias más apremiantes, como el desabasto de medicamentos, que era del 65 por ciento cuando inició esta administración.
“El tema más importante tiene que ver con que encontramos un enorme desabasto de medicamentos cuando llegamos encontramos un enorme desabasto de medicamentos; al día de hoy podemos decir que tenemos un abasto de medicamentos del 85 por ciento, entonces el primero de los daños al no tener el dinero primero era en la compra de medicamentos”.
