Para lograr verdadera autonomía en materia de justicia, recalcan
Que se mantenga la forma de eligir al fiscal anticorrupción, que esta fiscalía tenga autonomía, “no sólo técnica y operativa, sino de gestión”, entre otras cuestiones
Por Francisco Andalón López
Los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción señalaron al fiscal estatal algunos aspectos que el gobernador Enrique Alfaro debería vetar de la ley que separa la fiscalía de Jalisco de la Secretaría de Seguridad/Foto: Cortesía
El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del estado de Jalisco espera que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado, vete parcialmente las reformas aprobadas en la separación de la Fiscalía General del estado y la Secretaría de Seguridad, para que en la primera instancia se logre una verdadera autonomía y se propicie el servicio civil de carrera.
Ayer, los integrantes de este comité se reunieron con Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal general del estado, a quien le dieron a conocer las observaciones que realizaron a este reforma, con el fin de que el mandatario estatal las tome en cuenta para que no se publiquen como fueron aprobadas y previamente se hagan las adecuaciones pertinentes.
Entre éstas se encuentra el que se mantenga la manera en que se elige el fiscal anticorrupción, con el lanzamiento de una convocatoria en la que participen el Comité de Participación Social de este sistema, el gobernador en turno así como el Congreso, con el fin de evitar que los legisladores puedan bloquear su nombramiento.
También se pide que “la autonomía de la fiscalía anticorrupción no sólo sea técnica y operativa, sino de gestión, administrativa y presupuestal, con atribuciones como poder investigar directamente al fiscal general, nombrar a su personal sin intermediación o decidir sobre el destino de los recursos que le son asignados”.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, se establece la necesidad de evitar la creación de una nueva estructura orgánica, vertical y onerosa presupuestalmente, que divida los esfuerzos institucionales en la investigación, la persecución de delitos y en el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, por lo que sólo deberá separarse la Comisaría de Seguridad Pública para llevarla al área de seguridad.
También se exige que el Servicio Profesional de Carrera no dependa del titular de la fiscalía y de funcionarios de alto nivel, y que el principio de jerarquía esté basado en la lealtad y obediencia en vez de la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Y finalmente, la última exigencia es “evitar que el Plan Estatal de Persecución Penal, llamado en la ley ‘Programa Estatal de Procuración de Justicia’, se genere sin la participación de ciudadanos y especialistas en la definición de las prioridades de la Fiscalía”.
A esta reunión también acudieron algunos diputados, como Enrique Velázquez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Héctor Pizano Ramos, de Movimiento Ciudadano (MC), quienes tendrán la encomienda de dar a conocer este documento a los demás legisladores para hacer los cambios que consideren pertinentes.
