Magistrado del TJAE se echó para atrás en sentencia, denuncian
El funcionario político actuó al margen de la ley, pues sólo un superior puede revocarlas; acusan que lo hizo para proteger a personajes políticos que ya se asentaron en el predio en pleito legal
Por Elizabeth Ríos Chavarría

“Es algo inaudito que él mismo cancele sus propios ordenamientos y eso es contra la ley”, acusaron afectados por la decisión del magistrado Armando García Estrada; debido a esto, una familia que tenía sentencia ganada y se le revocó ahora está indefensa, por lo que exigen juicio político en su contra/Fotos: Archivo Página 24
Por presuntos actos de corrupción, al echar para atrás una sentencia que dio a favor de los afectados –suscitando construcción irregular de viviendas–, particulares presentarán solicitud de juicio político en contra del magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE) Armando García Estrada.
Acompañados del diputado Augusto Valencia López, Juana Pérez Martínez y su hijo Alejandro Salles Martínez explicaron la batalla legal desatada desde hace años por un predio en Zapopan de 16 hectáreas, que familiares terceros les despojaron por omisiones de varias autoridades.
El predio está urbanizado en un 50 por ciento, y por tal motivo –acusaron– García Estrada echó para atrás la sentencia que les había otorgado a su favor hace años. Argumentaron que esto lo hizo fuera de ley, pues sólo un superior puede hacerlo, y que actuó para proteger a la clase política que ahí se encuentra, pues el ex magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, el magistrado Antonio Fierros Ramírez, un hermano de la diputada del PRI Rocío Corona Nakamura, y otras figuras políticas han comprado terrenos ahí.
“Al cancelar la ejecución de la sentencia, nos quedamos indefensos al momento de que si ya ordenó cancelar, ahora se retracta y todos los oficios que había mandado él en ejecución forzosa de que cancelara cuentas catastrales, cancelaran todo, todo lo echó para atrás él mismo. Es algo inaudito que él mismo cancele sus propios ordenamientos y eso es contra la ley”.
Pese a que han ganado todos los recursos interpuestos, también denunciaron a las autoridades actuales y pasadas de Zapopan por otorgar licencias de construcción a terceros con escrituras irregulares y a nombre de un difunto, razón por la cual interpondrán denuncia en la Fiscalía Anticorrupción contra quien resulte responsable.
Por su parte, el diputado Augusto Valencia López señaló que de solucionarse como debería, se corre el riesgo de que el municipio de Zapopan indemnice hasta con 900 millones de pesos por los daños generados.
“De la revisión de documentos lo que queda claro es que ya ganaron, lo que está sucediendo es una serie de acciones tipo chicanadas para cansarlos pero ya hay un posible crédito fiscal para la autoridad municipal por 900 millones de pesos. O sea, alguien va a terminar pagando y lo que ya está en litigios es la posibilidad de que sea el ayuntamiento de Zapopan por omisiones y que tenga que resarcir cerca de 900 millones de pesos por los daños que están generando en relación al predio”.
