Que aclare responsabilidades: Consejo Ciudadano de Búsqueda de Personas
Apremiaron al mandatario a informar sobre el “número de carpetas de investigación a las que corresponden los cuerpos; números de cuerpos a los que se les han practicado los peritajes necesarios para la integración de un dictamen multidisciplinario integrado de identificación, y situación que guardan los cuerpos almacenados en dichas cajas frigoríficas”
Por Gloria Leticia Díaz
En una carta del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se reprocha a Aristóteles Sandoval no sólo el “desdén por la dignidad humana, sino también una afectación directa” en los procesos “de identificación, notificación y entrega de cuerpos, y la conducción de las investigaciones de carácter penal”/Foto: Especial
Septiembre 19, Ciudad de México (apro).- El Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas emplazó al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, a rendir cuentas sobre la situación jurídica en materia de investigación ministerial e identificación forense que guardan los cerca de 300 cuerpos encerrados en cajas frigoríficas de camiones.
También pidió conocer de las medidas para sancionar a servidores públicos responsables de ese “encierro” de cadáveres, “aparentemente abandonados en un predio, sin claridad sobre su destino y las responsabilidades asociadas a su resguardo”.
En una carta firmada por la coordinadora del Consejo Ciudadano, Denise González, se reprocha a Sandoval no sólo el “desdén por la dignidad humana, sino también una afectación directa” en los procesos “de identificación, notificación y entrega de cuerpos, y la conducción de las investigaciones de carácter penal”.
El Consejo Ciudadano, un mecanismo de vigilancia creado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tomó protesta ante pleno del Senado el 19 de abril pasado.
Lo conforman cinco familiares de personas desaparecidas (Francisco Olvera, Grace Fernández, Mirna Medina, Michelle Quevedo y Dolores Rosas); cuatro especialistas en protección y defensa de derechos humanos, búsqueda de personas y en materia forense (Denise González, Santiago Corcuera, Volga de Pina y Mercedes Doretti), así como cuatro representantes de la sociedad civil (Humberto Guerrero, Juan Martín Pérez, Consuelo Morales y Norma Quintero).
En la misiva, de la que se dio copia al fiscal del estado, Raúl Sánchez Jiménez, el Consejo Ciudadano requirió un informe sobre el “número de carpetas de investigación a las que corresponden los cuerpos; números de cuerpos a los que se les han practicado los peritajes necesarios para la integración de un dictamen multidisciplinario integrado de identificación, y situación que guardan los cuerpos almacenados en dichas cajas frigoríficas, en términos de los procesos pendientes para la identificación y entrega a sus familiares”.
También se solicitó a Sandoval el “estado que guarda la cadena de custodia de dichos cuerpos, así como el tiempo de permanencia de estos cuerpos tanto en el Instituto de Ciencias Forenses del estado como en las cajas frigoríficas y el destino previsto para ellos”.
Al recordar las obligaciones del Estado de “generar las condiciones necesarias para que los cuerpos de las personas no identificadas y/o entregadas a sus familiares reciban un trato digno”, el Consejo Ciudadano demandó al gobernador jalisciense información sobre las medidas para dar inicio “a los procedimientos, tanto penales como administrativos, que permitirán el deslinde y determinación de responsabilidades en que hayan incurrido funcionarios y/o funcionarias públicas, en su caso, por la posible violación a los protocolos de actuación vigentes a la fecha en su entidad, la normatividad sanitaria y la Ley General” en materia de desaparición de personas.
Los integrantes del Consejo Ciudadano solicitaron al mandatario estatal que informe sobre las medidas, incluidas las presupuestales, “para garantizar que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuente con los recursos necesarios para el resguardo de los cuerpos”.
También pidieron que se aclare cómo se va a garantizar que haya una “conducción apropiada de los procedimientos periciales pendientes hasta la entrega digna de los cuerpos a sus familiares y para que la Fiscalía del Estado efectúe investigaciones eficaces que permitan, entre otras cosas, la debida localización de las familias que pudieran tener interés en la identificación señalada”.
Por último, le recordaron su obligación de ser garante de los derechos a la verdad, al acceso a la justicia y el respeto a la dignidad de las personas, para lo cual –subrayaron– es indispensable “garantizar el resguardo digno y apropiado de los cuerpos y la conducción de protocolos de actuación correspondientes”.
