Aunque admite problemas en inseguridad pública, agua potable, movilidad, infraestructura…

También, durante su último informe de actividades, el alcalde dijo que el crecimiento del municipio ha sido desordenado, y que hay 4 mil casas abandonadas… cuando en la realidad suman 15 mil, y muchas de ellas son presa del narco

Por Francisco Andalón López

Alberto Uribe reconoció que problemas como las miles de casas abandonadas, la rampante delincuencia, la falta de agua potable, las nulas posibilidades de movilidad y la insuficiente obra pública son algunos de los “pendientes” que quedaron por resolver en el golpeado municipio de Tlajomulco/Foto: Cortesía

Alberto Uribe reconoció que problemas como las miles de casas abandonadas, la rampante delincuencia, la falta de agua potable, las nulas posibilidades de movilidad y la insuficiente obra pública son algunos de los “pendientes” que quedaron por resolver en el golpeado municipio de Tlajomulco/Foto: Cortesía

Tlajomulco es considerado como uno de los municipios con mayor crecimiento de los últimos años, pero también es uno en los que ha quedado demostrado que ha sido desordenado, de ahí que el número de viviendas abandonadas se contabilice en alrededor de 15 mil y se haya convertido en uno de los pendientes que no pudo ser atendido durante la administración de Alberto Uribe Camacho como presidente municipal.

Estas viviendas abandonadas han dado pie a que algunas sean utilizadas como fosas tal como se detectaron algunas en los fraccionamientos Villa Fontana, Chulavista y Lomas del Mirador, en donde había cuando menos 17 cadáveres enterrados por el narco, aunque al rendir su tercer informe de actividades, Uribe Camacho indicó que son apenas 4 mil las viviendas abandonadas.

Otro problema que se enfrentó pero no se pudo superar fue la escasez de agua en algunos fraccionamientos, principalmente en aquellos que se ubican en las inmediaciones de la carretera a Chapala, como Silos, Agaves y Rancho Alegre, en donde a los vecinos se les corta el agua desde el mediodía hasta las ocho de la noche.

Para este año, se inició la construcción de una planta potabilizadora que lleva más del 50 por ciento de avance y que beneficiará a 45 mil personas. Aunque en esta materia de abasto, quedó pendiente de concretarse el convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para comprarle 600 litros de agua por segundo proveniente de la presa Las Pintas.

En materia de movilidad, no se concretó la regulación de horarios de circulación de transporte de carga, propuesta que ya cumplió más de un año de haber sido presentada. Otra gestión que no rindió frutos fue la construcción de un tercer carril sobre Prolongación López Mateos, de Las Cuatas a San Agustín y que Alberto Uribe estaba gestionando ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

También quedó pendiente la solución vial en el Boulevard Bosques de Santa Anita que tiene una extensión de 4.5 kilómetros y que sirve para ingreso y salida de 27 fraccionamientos, por donde transitan cuando menos 10 mil vehículos.

Con respecto a las obras de mejoramiento urbano, pese a haber invertido más de mil 400 millones de pesos, varias obras importantes quedaron en el tintero, como un paso a desnivel en Adolph Horn, a la altura de las vías, sin importar que supuestamente se habían conseguido 150 millones de pesos provenientes del Fondo Metropolitano.

En materia ambiental, sólo quedó el programa piloto para la separación de residuos en los fraccionamientos que se ubican sobre el corredor López Mateos, quedando pendiente el resto del municipio.

También quedaron sin resolución las denuncias penales interpuestas en la PGR por el derrame de combustible en las inmediaciones del fraccionamiento Los Encinos, por la tardanza de más de dos horas y media para atender la fuga que se provocó hace un año.

Entre los logros está la construcción del Nodo Concepción con recursos del fondo metropolitano, el nuevo cuartel de Protección Civil y Bomberos, en Prolongación 8 de Julio y Camino al Rastro, así como el Centro Administrativo número 2 que alberga la Procuraduría Social, Dirección de Educación, Fiscalía Ambiental, Inspección y Vigilancia y Participación Ciudadana.

Se puso en marcha la primera unidad de monitoreo móvil de calidad del aire y el sistema de energía solar en el Centro Administrativo, con el que ha habido ahorros de hasta 100 millones de pesos en el pago de energía eléctrica.