Mónica Almeida pretende reformar ley de movilidad
Según la legisladora perredista, el objetivo no es sancionar a los choferes sino buscar un modelo en el que también no se subsidie al transporte público para que los recursos de los jaliscienses se destinen de forma correcta
Por Elizabeth Ríos Chavarría
De acuerdo con la diputada por el PRD, “las familias al día de hoy están invirtiendo entre el 30 y 40 por ciento de sus ingresos en un transporte que lamentablemente no atiende de manera eficaz y eficiente a todas las familias”, por lo que urge reformar la ley de movilidad/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría
Porque los actuales modelos de transporte público siguen sin funcionar, la coordinadora de la fracción del PRD en el Congreso de Jalisco, Mónica Almeida López anunció que implementará una iniciativa de reforma a la ley de movilidad, con el fin de que el instituto en materia que hay en Jalisco se constituya como un ente regulador que garantice condiciones más dignas en el servicio.
La perredista explicó que el objetivo de darle más dientes al Instituto de Movilidad y Transporte del estado como un ente es para que éste participe en el diseño e implementación de un nuevo modelo de transporte público, el cual, aunado a las atribuciones que ya tiene, tendrá funciones similares a una fiscalía de movilidad, para determinar sanciones.
“Un organismo que dándole atribuciones pueda participar del diseño y la evaluación, y la definición de sanciones y modelos en las que podamos garantizar a los jaliscienses un transporte público de calidad. Además se incluye en esta propuesta, indicadores de medición con la que los ciudadanos podemos tener mayores certezas del modelo que se nos está proponiendo”.
Al respecto, la diputada aseguró que el objetivo no es sancionar a los choferes sino buscar un modelo en el que también no se subsidie al transporte público para que los recursos de los jaliscienses se destinen de forma correcta, con las nuevas atribuciones del instituto.
Criticó la inviabilidad del modelo ruta-empresa por sus altas tarifas que afectan al más del 40 por ciento de tapatíos que utilizan el transporte público, por lo que llamó tanto al gobierno saliente como al entrante a suscitar la discusión que de verdad propicie las mejoras que urgen en el estado.
“Las familias al día de hoy están invirtiendo entre el 30 y 40 por ciento de sus ingresos en un transporte que lamentablemente no atiende de manera eficaz y eficiente a todas las familias (…). Cómo podemos tener una mejora si no tenemos estudios actualizados. Se propone que exista un ente regulador que en base a estudios técnicos, determine las modalidades de contratación. Tenemos que concentrarnos en soluciones más profundas”.
