Debe ser autónoma e independiente, sentencia presidente del comité del SAEJ
Entre otras iniciativas que organizaciones civiles recomendaron a la fiscalía estatal se encuentran asumir como propios los principios del sistema penal acusatorio, que las actuaciones tengan parámetros nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, entre otras
Por Francisco Andalón López
“Requerimos de una reforma profunda y estructural que no pretende exclusivamente el cambio de nombre para seguir igual, de Procuraduría a Fiscalía”, criticó Jorge Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco/Foto: Francisco Andalón López
Para ser funcional y eficiente, la Fiscalía General del Estado (FGE) debe ser autónoma, independiente e imparcial, debe contar con un plan de persecución penal en vez de una persecución por delitos, las investigaciones deben realizarse en torno a unidades de análisis criminal además de contar con sistemas informáticos para registrar fenómenos criminales, carpetas de investigación y atención a víctimas.
“Hoy se requieren de instituciones que actúen como legítimas depositarias de la violencia legítima del estado mexicano, hoy precisamos de fiscalías eficaces que por su actuar y resultados generen confianza en la ciudadanía y no todo lo contrario, hoy requerimos de una reforma profunda y estructural que no pretende exclusivamente el cambio de nombre para seguir igual, de Procuraduría a Fiscalía”, detalló Jorge Alatorre Flores, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del estado de Jalisco (SAEJ).
Estas son parte de las propuestas que más de 50 organizaciones realizaron para que el actual sistema de investigación derive en la detención, consignación y sentencias de los implicados en la consecución de delitos y que fueron encabezados por el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
Otras iniciativas son: que la fiscalía asuma como propios los principios del sistema penal acusatorio, que las actuaciones sean de acuerdo con parámetros nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, que el desarrollo de las investigaciones sea bajo control judicial, que se fortalezcan las unidades de supervisión de medidas cautelares y que las denuncias puedan interponerse ante cualquier autoridad de seguridad y justicia.
“Sería difícil que el sistema avance como debe avanzar si persiste este modelo de fiscalía; mientras la Fiscalía General del estado no tenga una transformación de fondo, difícilmente se va a avanzar, por eso ahora que el esfuerzo sea concentrado en este punto”, explicó Cecilia Díaz Romo, representante del colectivo ¡Tómala!
También se pretende que los puestos directivos no sean entregados amigos o como pago de favores, sino que los trabajadores de la fiscalía tengan la posibilidad de acceder a ellos a través del servicio civil de carrera, que además serviría de incentivo para que hagan mejor su trabajo, sabiendo que podrían obtener otro tipo de beneficios.
En el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, propusieron que sea un Organismo Público Descentralizado para que sus decisiones y peritajes nada tengan que ver con las presiones políticas o sólo para atender ciertos casos.
