El diputado federal de Nueva Alianza dijo que es un problema latente, pues
hay más de 5 millones de viviendas asentadas en zonas irregulares en todo el país. Las sanciones también serían para el funcionario que avale el permiso, explicó
Por Elizabeth Ríos Chavarría
El diputado Carlos Gutiérrez consideró que el problema “tiene sus raíces en la corrupción de quienes otorgan los permisos, a pesar de saber las consecuencias. La corrupción está inmersa en la vida de millones de mexicanos, pero causa un mayor impacto cuando pone en riesgo la integridad física de las personas”/Foto:
Con el fin de crear mayores controles que impidan construcciones en zonas de riesgo, diputado federal de Nueva Alianza se pronunció a favor de tipificar como delito la conducta de aquellos quienes construyan, edifiquen o realicen obras de infraestructura o autoricen asentamientos humanos en estas áreas sin haber elaborado un análisis previo.
El legislador Carlos Gutiérrez García explicó que la construcción de viviendas en zonas de riesgo es un problema latente, en especial en los estados del sureste del país, donde se ha señalado que existen poco más de 7 millones de personas que viven en situación de riesgo, según la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Además, señaló que más de 28 millones 607 mil 568 viviendas en México se ubican en distintos asentamientos irregulares, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI); mientras que la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) ha registrado más de 5 millones de viviendas en lugares irregulares, las cuales incrementan en 90 mil cada año.
Por ello, implementó una iniciativa para reformar el artículo 416 del Código Penal Federal en materia de vivienda, a fin de que se sancione a las personas que construyan u otorguen permisos para construir en estas zonas, sin contar con los análisis correspondientes o haber definido las medidas para la reducción del riesgo.
“La construcción de viviendas e infraestructura en zonas de riesgo es un problema añejo y constante en todo el país, que tiene sus raíces en la corrupción de quienes otorgan los permisos, a pesar de saber las consecuencias. La corrupción está inmersa en la vida de millones de mexicanos, pero causa un mayor impacto cuando atenta y pone en riesgo directamente la integridad física de las personas”.
También, recordó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo una recomendación para lograr una mejora en materia de ordenamiento territorial y asentamientos humanos, que en conjunto con lo propuesto, abonaría para acabar con mencionado problema.
“La seguridad de los individuos es primero. Es insoslayable combatir la corrupción en esta materia, por ello debemos incrementar sanciones contra funcionarios públicos, supervisores y directores de empresas con responsabilidad comprobada, por la afectación en edificaciones que resulten en pérdidas humanas y costos materiales evitables”, concluyó.
