Por Lucía Mora*

Cuando se implementó en 2012 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals) por la administración Obama, se tenía el propósito de beneficiar a ciertos migrantes no documentados que llegaron de niños a Estados Unidos; hoy, esto se encuentra en riesgo/Foto: Cortesía

Cuando se implementó en 2012 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals) por la administración Obama, se tenía el propósito de beneficiar a ciertos migrantes no documentados que llegaron de niños a Estados Unidos; hoy, esto se encuentra en riesgo/Foto: Cortesía

Son más de 800 mil personas cuyo destino permanece en la cuerda floja. Los llamados Dreamers, quienes fueron llevados de México y otros países latinoamericanos a Estados Unidos sin documentos a muy corta edad, hoy se encuentran en medio de una disputa en el Senado estadounidense entre republicanos y demócratas, cuyo resultado determinará el futuro de estas personas.

Cuando se implementó en 2012 la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA (en inglés: Deferred Action for Childhood Arrivals) por la administración Obama, se tenía el propósito de beneficiar a ciertos migrantes no documentados que llegaron de niños a Estados Unidos, protegiéndolos de la deportación y otorgándoles permisos de trabajo y estudio.

Hoy en día, se está viviendo una disputa dentro del Senado estadounidense que no es más que una lucha de poder e intereses. Al inicio de la administración Trump, se intentó implementar la Ley Secure and Succeed, la cual, entre otras cosas, busca un financiamiento de U$25 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera de México y Estados Unidos y eliminar la capacidad de los padres, hijos y hermanos de ciudadanos estadounidenses de unirse a sus familiares en el vecino país. Afortunadamente, todas las estrategias políticas que se intentaron utilizar para pasar esta propuesta fallaron. No obstante, debido a estos fracasos, es muy poco probable que los republicanos acepten un acuerdo de DACA que no incluya fondos en el muro fronterizo.

Tristemente, nunca se imaginó que la terca promesa de campaña de Trump de construir un muro entre México y Estados Unidos, promesa que busca atacar un problema de migración de la peor manera posible, pusiera en juego el futuro de miles de personas que habían sido beneficiadas anteriormente por el mismo gobierno estadounidense.

A inicios de la semana pasada se logró un pequeño avance respecto a este tema, cuando la Suprema Corte rechazó la solicitud de la administración Trump de omitir el segundo nivel del proceso judicial federal. Consecuentemente, se “logró” prolongar esta batalla judicial por varios meses. Aunque, a pesar de las repetidas trabas legales que se han implementado, éstas no significan que el DACA está a salvo, sino que la administración atravesará por un proceso más lento y deliberativo para, posiblemente, llegar al resultado que busca.

Indudablemente, la disputa legal dentro del Senado abre una oportunidad para que los legisladores estadounidenses demuestren su capacidad y sentido humano. Aunque, como se ha visto antes, estas batallas son producto de la terquedad y egoísmo de un partido político sobre el poder. Por lo tanto, lamentablemente, la esperanza de lograr un acuerdo que proteja a los Dreamers, junto con millones de otros inmigrantes no autorizados, está desvaneciendo.

La administración Trump cada día nos obliga a preguntarnos, ¿para quién trabaja? Esta disputa legal pone en juego la vida de cientos de miles de dreamers cuya única esperanza y petición, es la misma que comparten todos los seres humanos: tener un lugar seguro y estable para desarrollarse y asentarse, en otras palabras, para vivir.

* Es estudiante de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey Campus GDL