Aunque hemos estado trabajando, admite Érika Loyo
La presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres dijo que se están fortaleciendo las estrategias para garantizar seguridad en los ocho municipios donde se ha implementado, y que van por más
Por Francisco Andalón López
De acuerdo con Érika Loyo Beristaín, presidenta del IJM, “tenemos que mejorar la coordinación pero también consolidar estrategias conjuntas que nos permitan avanzar sin límites de territorio”, además de que se detallaron una serie de pendientes por resolver/Foto: Francisco Andalón López
Avanza la implementación de la alerta de violencia contra las mujeres que se emitió hace dos años en ocho municipios, consideró Erika Loyo Beristaín, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), aunque reconoció que al igual que otros temas que tienen que ver con la seguridad de los habitantes, lo que hace falta es una mayor coordinación.
“Guadalajara ya está por aprobar el bando de policía y buen gobierno para el tema del acoso, Zapopan ya lo aprobó, es decir, hemos estado trabajando, los municipios han estado entregando información vía la agencia metropolitana de seguridad de una manera sostenida pero también diferencial de acuerdo con sus propias capacidades instaladas”.
“Entonces lo que nos parece en este llamado que hace el gobernador a mejorar la coordinación y que nosotros compartimos, tenemos que mejorar la coordinación pero también consolidar estrategias conjuntas que nos permitan avanzar sin límites de territorio”.
Los ocho municipios en los que se implementó la alerta de violencia contra las mujeres son: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca, en donde los resultados son medidos más cualitativamente.
“Mira, al final los impactos que nosotros estamos midiendo son focalizados, insisto, en las estructuras, en los reglamentos, en las partes institucionales que hacen posible generar cambios de profundidad, entonces los informes en esto son diferenciados y los avances también”.
Y como parte de esta alerta se detallaron 15 acciones a implementar, divididas en cinco tipos. Como acciones urgentes se establecieron la aplicación del protocolo alba y unidad de reacción y búsqueda, vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo y la aplicación de la política pública de prevención de la violencia contra las mujeres.
Entre las acciones de prevención está el fortalecimiento a través de programas de capacitación y fomento al autoempleo, escolarización básica, pláticas para impulsar hogares libres de violencia, promoción de la igualdad, entre otras.
En acciones de protección, la armonización legislativa en una mesa de trabajo interinstitucional con el Poder Legislativo, creación del banco de datos de registro de las órdenes de protección y un protocolo unificado para su emisión, así como la mejora del banco de datos de agresores y el fortalecimiento de programas de reeducación.
Entre las acciones de acceso a la justicia se impulsó el modelo único de atención a las mujeres víctimas de violencia, el fortalecimiento de las áreas de recepción de denuncias y atención de mujeres en situación de violencia y aplicación del programa de capacitación para el personal de la Comisión de Atención a Víctimas.
Finalmente, entre las acciones de seguridad está el registro estadístico de llamadas de emergencia al número 911, atención policial en los municipios prioritarios y capacitación a su personal mediante un proceso de certificación, así como el desarrollo de una aplicación electrónica para teléfonos móviles que difunda y sensibilice sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas.
