Es para hacer mejoras a la convocatoria, según Mónica Almeida
Aunque a principios de año entraría en funciones la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa con tres magistrados, hay un puesto vacante y éste debe ser elegido a la brevedad, pero además debe ser un perfil que garantice “la calidad” de los procesos, expuso la perredista
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Lo que estamos buscando es que se consolide el Sistema Estatal Anticorrupción, que sea un parteaguas para el estado de Jalisco. Que quienes estén ahí elegidos y designados, cumplan con todos los procedimientos, requisitos y expectativas de la sociedad”, dijo la diputada perredista Mónica Almeida sobre la elección del magistrado restante/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría
Aunque a principios de año la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa debió arrancar en funciones con tres magistrados, diputados retrasarán más la elección del tercer integrante que falta, pues no será hasta el próximo lunes cuando revisen la convocatoria para ocupar esta vacante.
De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Justicia, Mónica Almeida, esto se postergará –justificó– porque el Comité de Participación Social (CPS) solicitó su participación para la elaboración del documento, pues traen en mente algunas modificaciones y para ello será necesario ver el tema con la Junta de Coordinación Política.
“Nosotros como comisión o como Congreso no tenemos ningún problema para emitir la convocatoria en igualdad de circunstancias con la que fueron nombrados los dos primeros magistrados, sin menoscabo de que recibiendo esa solicitud de del Comité de Participación Social consideramos sustantivo escucharlos, dado a que es una responsabilidad”.
Justificó la perredista las largas al tema, pues reiteró que con el trabajo conjunto que se ha hecho en el diseño del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es importante considerar la petición del comité –hecha el pasado 8 de enero– y hacer el análisis correspondiente, más cuando no sólo es “la prisa” sino la “cualidad y calidad de los procesos”.
“Lo que estamos buscando es que se consolide el Sistema Estatal Anticorrupción, que efectivamente sea un parteaguas para el estado de Jalisco. Que quienes estén ahí elegidos y designados, cumplan con todos los procedimientos, requisitos y expectativas de la sociedad en su conjunto”.
En cuanto a la posibilidad de agregar o modificar puntos a esta convocatoria, a fin de resguardarla más por el riesgo existente de impugnación –como ya ocurrió con las dos magistraturas de esta sala–, Almeida López aseguró que se encuentran en análisis, pues en aspectos como la presentación 3 de 3, la fecha un requisito no obligatorio en los aspirantes, se debe tratar con el equipo legal, pues el punto es tener una convocatoria con la mayor objetividad posible.
“Está analizándose por supuesto por el equipo legal, porque consideremos esto, hay dos magistrados que fueron nombrados bajo un procedimiento y el tercero lo que tenemos que cuidar es que se cumplan en similares condiciones (…). Por eso, es importante cerrar este diálogo entre ambas partes para entregar una convocatoria que a todos les sea satisfactoria, y sobre todo que garantice la legalidad y la elección de los mejores perfiles para ese magistrado”.
“Sí queremos en el Congreso apresurar los procesos, queremos caminar con pie firme de que está a satisfacción del Comité de Participación Social porque representan a la sociedad, y que la convocatoria que podamos emitir tenga precisamente la condición y las características que nos pide el propio comité. En un diálogo tenemos que garantizar que cumple con el marco legal para evitar en lo posible estas problemáticas con las que la sociedad se ha venido enfrentando, como es la judicialización”, agregó.
Niegan amparo a García Estrada
El amparo que buscaba echar para atrás los dos nombramientos de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, implementado por el magistrado del Tribunal Administrativo Armando García Estrada, fue negado por un juzgado de distrito.
García Estrada participó en el proceso que buscaba elegir a los que integrarían la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, sin embargo, por no ser nombrado impugnó la designación de los dos magistrados –elegidos en diciembre– Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez, aunque le fue negada la suspensión provisional.
El recurso implementado por García Estrada fue en contra de la designación; de los dictámenes realizados por la Comisión de Justicia, encargada de desahogar los nombramientos; así como del dictamen del Comité de Participación Social (CPS), quien fue el que se encargó de evaluar a todos los perfiles que aspiraron a una de las tres vacantes.
De forma más detallada y de acuerdo al documento, para el quejoso no se realizó un análisis exhaustivo de los expedientes de los aspirantes para verificar quién tenía mejor currículum; y el CPS realizó un examen de conocimientos respecto al ejercicio jurisdiccional en el ámbito de la materia anticorrupción, que no formó parte de los lineamientos dentro de la convocatoria.
No obstante, fue el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo quien negó la suspensión, pues “se determinó que no es factible otorgar la medida cautelar e impedir que terceros interesados dejen de ejercer funciones del cargo de magistrado para los que fueron electos, pues se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría en perjuicio del interés social, ya que un cargo público de los actuales titulares desempeñan y constituyen una función prioritaria para el estado”.
Con esto ya notificado al Congreso de Jalisco, la diputada Mónica Almeida, informó que en vista de la suspensión negada no se frenarán las funciones de la nueva sala quien en la actualidad solo cuenta con dos de los tres magistrados que tienen cabida.
“Nosotros en paralelo vamos a continuar lo que la sociedad está demandando en materia del tercer magistrado que falta para completar la sala superior”.
