Advierte asociación de abogados:
Por Francisco Andalón López

Abogados de todo el país temen que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, gobernadores y alcaldes de todo el país se desentiendan de su obligación de resguardar a los habitantes que gobiernan, dejando en manos de las fuerzas armadas la seguridad pública/Foto: Francisco Andalón López
El mayor riesgo de la Ley de Seguridad Interior, es que los gobernadores y presidentes municipales se lavarán las manos en su obligación de resguardar a los habitantes que gobiernan, relajarán aún más las labores de vigilancia, no se capacitará adecuadamente a los policías, no se les entregará más equipo y dejarán en manos de las fuerzas armadas esta función.
Esta aseveración fue hecha por Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, tras haber sido aprobada en días recientes por el Congreso de la Unión, según la propuesta que fue enviada por Enrique Peña Nieto, presidente de México.
“Y tenemos el temor muy fundado de que los gobernadores sigan siendo tan omisos como han sido por muchos años y que digan: bueno ya existe esta ley de seguridad interior, nosotros vamos a descargar nuestra responsabilidad en esas fuerzas del orden, como lo han venido haciendo muchísimos años, pero por muchísimos años lo vinieron haciendo al margen de la ley”.
En conferencia de prensa, los integrantes de esta confederación explicaron que en el país hay 89 municipios que pagan a sus policías apenas 600 pesos al mes, mientras que en más de 800 municipios, sólo cuentan con un policía para todas las áreas de seguridad, de ahí que esta ley les caiga como anillo al dedo para desentenderse de esta obligación.
Por su parte, Luis Roberto Sánchez Inzunza, consejero de esta confederación, explicó que en esta ley se establece que los militares sólo son auxiliares en las tareas de seguridad, no los encargados como tal, además de que las manifestaciones o mítines políticos no son calificados como temas de seguridad, de ahí que no vayan a actuar en contra de los ciudadanos, como es uno de los principales temores de la gente.
“Y textualmente dice la ley que esos casos no se considerarán como asuntos de seguridad nacional, entonces ese era uno de los temores, que alguna manifestación en materia electoral fuera socavada por las fuerzas armadas, entonces sí fue muy específico en eliminarse esa parte”.
Actualmente la Ley de Seguridad Interior se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde los ministros analizarán que no se contravenga con alguno de los artículos constitucionales que establecen la autonomía de los municipios y los estados y su obligación para ofrecer seguridad a sus habitantes.
