Antes de castigarnos, que nos capaciten: Choferes de transporte público
Los políticos prometen supuestas mejoras en el servicio como trampolín político, pero jamás buscan solucionar los problemas de fondo, acusó líder del gremio
Por Elizabeth Ríos Chavarría y Francisco Andalón López
Decenas de choferes de transporte público protestaron afuera del Congreso de Jalisco en contra de las reformas que pretenden sancionarlos en caso de que maltraten a usuarios; consideran injusta la propuesta porque sólo es para ellos, además de que jamás la socializaron/Fotos: Elizabeth Ríos Chavarría y Francisco Andalón López
Transportistas del Sindicato de Avanzada se manifestaron ayer a las afueras del Congreso de Jalisco en contra de las reformas implementadas por la diputada priísta Rocío Corona Nakamura, respecto a sanciones a choferes del transporte público que maltraten a usuarios; consideraron la propuesta injusta y hecha para un solo sector, pues nunca se acercaron a ellos para socializarla.
En entrevista, el líder del gremio, Arnoldo Licea González, recriminó la ley ya aprobada y publicada en el Periódico Oficial, pues al plantear multas o sanciones a los choferes señalados por maltrato no harán más que desgastar la mala imagen que se tiene del gremio cuando no todos son como la gente dice.
“El proyecto de ley que mete la diputada Rocío Corona Nakamura va en contra y viene a agredir aun más la ya deteriorada situación de los choferes del transporte público, porque vienen sanciones, suspensión, cancelación de licencias (…). No estamos de acuerdo porque no se deben hacer leyes para un sector”.
Al ser el tema de la movilidad, el tópico del que se han hecho diferentes actores políticos sin llegar a mejorar la realidad del gremio, Licea González señaló que más allá de una ley que los sancione, que los persiga, lo que autoridades debieron de haber hecho es enfocarse en la profesionalización de los conductores así como el socializar con la ciudadanía cómo usar el transporte público.
Esto último lo refirió, por el aspecto que quedó en la ley sobre cómo los choferes deben interferir con los usuarios que no respeten los asientos amarillos, como si fueran policías cuando la gente -no toda- no respeta ese tipo de aspectos muy básicos.
“Por qué no hizo una ley mejor, en donde le demos las herramientas a los conductores del transporte público, la capacidad para ser realmente profesionales en su trabajo. Por qué sanciones, es lo que no entendemos. A lo único que nos lleva es a comprender que los funcionarios están limitados, pues el tema del transporte público siempre lo han utilizado como trampolín político”.
“Somos choferes, no pendejos, tenemos mucha capacidad, lo que ocupamos es que nos den herramientas, en donde nosotros podamos crecer como personas y que todo aquel que se suba con nosotros tengamos esa capacidad de poder tolerar que no hay paradas oficiales a lo largo y ancho de la ruta, que la gente no nos respeta, que las personas se paran en las paradas oficiales, yo creo que de eso es de lo que se deberían de preocupar”.
Además de repudiar la mencionada ley, Licea González expresó la urgencia porque se abran mesas de diálogo con el gobernador Aristóteles Sandoval, pues en retiradas ocasiones han turnado documentos en donde exigen la homologación de la tarifa, mayor seguridad y profesionalización a los choferes, sin recibir respuesta alguna. También, hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a no satanizar al gremio, pues no todos proporcionan un mal servicio.
En el Congreso del Estado fueron atendidos por el presidente de la Mesa Directiva, el coordinador parlamentario del PRI, Hugo Contreras, quien les prometió mediar con Gobierno del Estado y gestionar una reunión después del 15 de diciembre, puesto que antes, hay otros pendientes más apremiantes, como la aprobación del presupuesto de egresos de 2018.
“Ya queremos que alguien ponga atención y nos reciban, que nos escuchen el planteamiento que nosotros queremos hacer, porque mandamos los escritos e igual, como los presidentes municipales cuando el campesino llega y les hace un proyecto y les lleva un puerquito y una gallina, se tragan la gallina, se tragan el puerquito y el proyecto lo echan a la basura, ¿por qué no nos contestan? ¿Por qué no se sientan con nosotros y nos dicen que no tenemos razón y así nos quedamos contentos?”, exigió Licea González.
El que nada debe, nada teme
Por su parte, la diputada priísta Rocío Corona Nakamura justificó las reformas al asegurar que la iniciativa nació de las constantes quejas de los usuarios del transporte público –en encuestas de la Secretaría de Desarrollo Social–, en donde al menos 80 por ciento de personas de la tercera edad se quejaron del pésimo servicio que se presta.
De acuerdo a las reformas a la ley de movilidad, la iniciativa ya aprobada establece multas por maltrato a los usuarios, que van desde humillación hasta actos violentos o discriminatorios, las cuales oscilan entre los 755 y los 2 mil 265 pesos, así como la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses, si en 60 días existe reincidencia por parte del chofer.
