Es letra muerta, aunque podría acabar con la impunidad: Francisco Jiménez
A casi una década de creada esta normativa en Jalisco, no ha tenido una sola sentencia favorable para el Estado y contraria para los delincuentes, criticó el especialista en derecho constitucional
Por Rafael Hernández Guízar

Con la extinción de dominio se incautarían las propiedades de los criminales, sean de cuello blanco o narcotraficantes; sin embargo, falta honestidad y compromiso de las autoridades impartidoras y procuradoras de justicia, lamentó Francisco Jiménez Reynoso, especialista en derecho/Foto: Archivo Página 24
La Ley de Extinción de Dominio en Jalisco es letra muerta en la práctica, pues falta honestidad y compromiso de las autoridades impartidoras y procuradoras de justicia, afirmó ayer el catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Francisco Jiménez Reynoso.
En entrevista con Página 24, el también doctor en derecho constitucional indicó que por desgracia no se ha tomado en serio los alcances de esta ley que podría terminar con la impunidad con la que se mueven los principales delincuentes de la entidad.
Y es que con la extinción de dominio se incautarían las propiedades de los criminales; sin embargo, dijo que desde su creación hace casi una década, esta ley en Jalisco no ha tenido una sola sentencia favorable para el Estado y contraria para los delincuentes.
Recordó así el caso de Elisa Ayón “Lady Panteones”, la ex regidora del ayuntamiento de Guadalajara que fue encontrada culpable de abuso de autoridad y se le destituyó del cargo pero jamás se le proceso ni tampoco se investigó por el enriquecimiento ilícito que se presumió al encontrarse que tenía más propiedades de las que pudo pagar con sus salarios como funcionaria pública.
Otro de los casos que dijo sigue en la impunidad es el del panista y ex gobernador del estado Emilio González Márquez, quien ha sido señalado por diversos presuntos desvíos de recursos y enriquecimiento inexplicable.
Agregó también que en lo que respecta a la ley de extinción de dominio, también se quitan las propiedades a quienes cometen delitos como narcotráfico, secuestro y trata de personas, casos que en repetidas ocasiones han salido publicados en los medios de comunicación pero que han tenido poca efectividad respecto al seguimiento e incautación de propiedades.
