Diputados dicen que pondrán candados a “moches”
La normativa, en cuya conformación participaron empresarios y académicos, incluye figuras como el testigo social y la contraloría en la materia, que esperan dé piso parejo en los concursos, y se eviten añejas malas prácticas
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Con lo aprobado en comisiones, se espera que el pleno del Congreso apruebe la ley que dará a Jalisco más opciones –de las que se ofrecen por invitación cerrada– a cuando menos tres licitantes, y que no se produzcan casos de discriminación o exclusión a empresas, entre otros aspectos/Foto: Cortesía
Con el fin de combatir los moches en la asignación de obras en el gobierno estatal y los municipios, en comisiones avanzó la nueva ley de obra pública cuyo objetivo será combatir la corrupción al asegurar un piso parejo en los concursos de asignación de obra y servicios entre autoridades y contratistas.
Ayer por la mañana en la Comisión de Desarrollo Urbano, diputados locales aprobaron esta nueva ley, entre lo que destacó la incorporación de figuras como testigo social y contraloría social, que se cuente de manera obligatoria con un banco de proyectos para evitar nuevos pagos, un padrón único de contratistas, así como la protección de las zonas indígenas.
Una ley trabajada por las aportaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Coparmex, el Colegio de Ingenieros, el CCIJ, la Canadevi y demás expertos, suscitará que el estado tenga más opciones de elección –de las que se ofrece por invitación cerrada– a cuando menos tres licitantes, y que no se produzcan casos de discriminación o exclusión a empresas, pues se le dará oportunidad de inversión a las micro, pequeñas y medianas empresas locales.
Respecto a la creación de nuevas figuras, el diputado presidente de la comisión legislativa, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, explicó que el “testigo social” será un representante de la sociedad civil cuyo puesto será honorífico, y el cual participará con derecho a voz en los procesos de adjudicación y contratación. En el caso de la Contraloría Social, será una figura ciudadana la cual verificará el cumplimiento y la correcta aplicación de los recursos públicos en la ejecución de las obras contratadas.
En cuanto al banco de proyectos, se tratará de una aplicación digital cuya función será registrar los planes, programas, estudios de obras y proyectos antes de ejecutarse, con el fin de concentrar información en un mismo registro de acceso en todo el estado.
Además, se dará pie a un padrón único de contratistas, el cual buscará impulsar el perfil y especialidad de este sector, con datos precisos sobre su actividad profesional; capacidad técnica, económica y de ejecución; experiencia; historial de cumplimiento; currículum de la empresa, así como su personal técnico.
Por su parte, el presidente de la CMIC, Luis Méndez Jaled, avaló el proyecto de ley al reconocer la apertura que se le dará a las empresas jaliscienses pequeñas, y que dé paso a la actualización del marco legal no modificado desde hacía más de una década.
