Autoridades hacen negocio traficando menores
Aunque en la Carta Magna se garantiza la protección a los pequeños, no existe un verdadero respeto por parte de gobernantes y funcionarios que han montado una red de venta de niños
Artículo de Opinión
Por Rafael Hernández Guízar
Decenas de mujeres fueron víctimas de las decisiones de Claudia Corona Marseille (en la imagen), quien fue secretaria técnica del Consejo Estatal de Familia de Jalisco: La funcionaria les arrebató a sus hijos, al grado de que algunas de las afectadas no volvieron a tenerlos consigo tras ser consideradas por el gobierno estatal como incapaces/Foto: Cortesía
La niñez es quizá el sector de la sociedad más vulnerable de todos y también el menos atendido pues ha servido sólo para que se den promoción indolentes políticos.
Pese a que está tutelado en la Constitución mexicana como uno de los principales fines, termina siendo letra muerta, por ello cuestiono directamente: ¿hay en verdad un respeto al interés superior de la niñez?
En este artículo, nos hemos de referir al caso específico de nuestro estado, Jalisco, una de las entidades del país que ha sido marcada por varios escándalos que demuestran el desinterés por parte del gobierno estatal, federal y de algunos municipios por dar protección a la niñez.
Sucesos como el de la red de venta de niños a extranjeros por parte de funcionarios pertenecientes al Consejo Estatal de Familia (CEF) durante las administraciones de los ex gobernadores jaliscienses Alberto Cárdenas Jiménez y Emilio González Márquez.
Antecedentes
Un caso en específico marcó la historia oscura en torno a la niñez jalisciense, la red de trata de menores que se puso al descubierto en abril del año 2011 a través de una investigación de la periodista María Antonieta Flores Astorga, que reveló una red de trata de niños que eran separados de sus padres, enviados a albergues por el Consejo Estatal de Familia, y luego dados en adopción a parejas extranjeras, principalmente italianos e irlandeses a través de un tercero, la asociación “Amici dei Bambini”.
Este caso fue acompañado de una denuncia ante la entonces Procuraduría de Justicia del estado de Jalisco (PGJ) y ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la Fundación FIND; su presidente, Juan Manuel Estrada, presentó la querella por la desaparición de 45 niños del albergue “Hijos de Presos”, que estaba a cargo del Arzobispado de Guadalajara, pero nada sucedió.
Las autoridades no tomaron acciones penales en contra del clero ni de ninguno de sus representantes, como el entonces cardenal Juan Sandoval Íñiguez; tampoco hubo funcionarios encarcelados por el caso, por cierto que entre ellos, destaca el ex gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, quien ha sido senador, secretario de Estado y regidor del ayuntamiento de Guadalajara; incluso fue precandidato a la presidencia de la República por su partido, el Acción Nacional (PAN).
Destaca también el nombre de su esposa, Joann Novoa Mossberger, quien fue presidenta del DIF Jalisco, regidora del ayuntamiento de Zapopan y diputada local por Jalisco.
Otros de los políticos que destacan en esta presunta red, son el también ex gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez y su esposa Imelda Guzmán de León, quienes tampoco fueron señalados siquiera por las autoridades “procuradoras” de justicia.
Pero el caso va más allá de la desaparición de 45 niños, pues en realidad se aduce un número incalculable de menores que podrían haber sufrido la misma suerte, en voz de la periodista María Antonieta Flores Astorga, misma que puso al descubierto la presunta red gubernamental de trata de menores.
Fue meses después cuando un trabajo más extenso logró ir de nueva cuenta a la luz, el libro “Carriolas Vacías”; de la misma periodista; dicha obra cuenta los casos de mujeres que fueron víctimas de las decisiones de Claudia Corona Marseille, entonces secretaria técnica del Consejo Estatal de Familia de Jalisco, madres de familia a las que se les arrebató a sus hijos y algunas de ellas, que no volvieron a tenerlos consigo tras ser consideradas por el gobierno estatal como incapaces para el fin.
Este caso por demás estremecedor, dejó al descubierto una falta enorme al interés superior del menor, exhibió el negocio que se hacía con la niñez jalisciense y peor aún, las omisiones del Estado mexicano por atender este caso.
Sin embargo, prendió los focos de atención en torno a los albergues para niños y obligó a que se realizaran cambios sustanciales en la política de adopciones y el funcionamiento de los albergues, esto tras haberse emitido la recomendación 05/2011 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
Entonces nos preguntamos, cuál sería el correcto accionar en contra de quienes separaron a los niños de sus padres, torcieron la ley para llegar a una pérdida de la patria potestad de los menores y los entregaron en adopciones ilegales y arbitrarias a parejas extranjeras pero además, cobrando cantidades económicas considerables –pero disfrazadas– para la realización de los trámites: 3 mil 500 dólares por concepto de gestiones.
Lo que parecía increíble no tuvo mayores repercusiones, para las autoridades pasó sin gran sobresalto la noticia que indignaba al pueblo jalisciense.
Por lo que respecta al Estado mexicano, no pasó de la destitución del cargo de la entonces secretaria técnica del Consejo Estatal de Familia de Jalisco, Claudia Corona Marseille, y su inhabilitación por un año para desempeñarse en la función pública, es decir, que sólo hubo una resolución administrativa en el caso, pero ningún resultado en materia penal.
Vuelvo entonces a cuestionar: ¿Hay acaso respeto al interés superior de la niñez?
Si se toma en consideración que la familia es la célula primigenia de la sociedad y que ésta como institución pública debe ser también protegida por las autoridades, la separación de los miembros por una decisión gubernamental sin haber reparación del daño, supone un agravio prácticamente irreversible; imagine entonces que separan de una de estas familias a uno, dos, tres o los niños que sean, qué pasaría, cuál sería el impacto.
Fundamento constitucional
El artículo 4 de la constitución mexicana señala en el párrafo noveno que todas las autoridades y miembros de la sociedad deben velar por el cumplimiento de esto, que no es otra cosa sino anteponer el bienestar físico, psicológico y emocional de los niños en todas las políticas públicas.
Los anterior es parte también del cumplimiento de un tratado internacional del cual México forma parte, la Convención Sobre los Derechos del Niño (CDN), una disposición adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y que por ende debe ser parte indispensable de la política mexicana.
Lo anterior cobra aún más fuerza tras dejar en claro que los derechos humanos son la piedra angular de la Carta Magna, y que en todo el territorio mexicano los tratados internacionales que el gobierno de nuestro país ha firmado y ratificado deben cumplirse al nivel de los artículos de esta ley suprema.
Asimismo, el artículo 19 de la CDN, se deja en claro la obligación de los Estados que forman parte del tratado a la protección irrestricta del interés superior de la niñez al velar por sobre todas las cosas para evitar situaciones en las que los niños puedan ser blanco de abusos de cualquier tipo.
Tras haber señalado esto, nuevamente volvemos al punto de partida de este artículo con la interrogante que da pie a la opinión: ¿Hay en verdad un respeto al interés superior de la niñez?
Hasta aquí, podríamos decir que al menos, en las leyes hay un sustento fuerte para que esto sucediera, pero, ¿es letra muerta o de verdad hay promoción la suficiente vigilancia del Estado mexicano en la preocupación por el respeto al interés superior del menor?
Ante una realidad como la antes mencionada, concluyo con una idea clara, que el interés superior de la niñez es una utopía, algo que luce maravilloso en las leyes y que podría dar a un país como México, la posibilidad de jactarse como un Estado respetuoso de los derechos humanos, con un alto sentido humanitario y social, pero que en la práctica es subjetivo, constantemente “malinterpretado”, e incluso desvirtuado por quienes toman decisiones desde el sector gubernamental.
Por tanto, considero que la única forma en la que se puede llegar a tener un verdadero respeto al interés superior de la niñez será sólo a través de la cero tolerancia a quienes incumplen con su misión al proteger y velar por la estabilidad de nuestros niños.
Para obtener un cambio, es menester la incorporación de verdaderas políticas públicas que permitan marcar la pauta para el desarrollo de la niñez, atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales y un apego total a los derechos humanos.
