Además de lo que les paga el Estado cobran a familiares de reclusos
Un litigante de oficio no puede hacer cobro alguno a la ciudadanía, pues está obligado a brindar el servicio de forma gratuita, al ser un derecho que provee el Estado; sin embargo ganan muy poco, lo que los hace proclives a la corrupción, denunció el presidente de la Contraloría Ciudadana
Por Rafael Hernández Guízar
Para hacer diligencias legales en Puente Grande, familiares de internos deben juntar dinero a fin de que los abogados de oficio trabajen, cuando el Estado se encarga de pagarles un salario/Foto: Cuartoscuro
Abogados de oficio en el penal de Puente Grande de Tonalá “cobran indebidamente” a la ciudadanía por las funciones para la que les paga el estado, denunció ayer Jorge Carlos Ruiz, presidente de la Contraloría Ciudadana Independiente.
En entrevista con Página 24, dijo: “Es lo que nos llega, que un abogado de oficio está cobrando entre cinco y 10 mil pesos cuando un litigante cobra entre 10 y 20 mil; la situación es la cantidad de trabajo que ha bajado en los colegios y despachos de abogados”, indicó.
“Nos han reportado que los abogados defensores de oficio en cuestión, adscritos a Puente Grande, están teniendo problemas con los abogados litigantes pues a veces dicen que están cobrando ellos y se están quedando con el trabajo que debe realizar un litigante”, denunció.
–Pero si son de oficio no deben de cobrar.
–Así es, es lo que nos hemos dado a la tarea de ver porque lo que gana un defensor de oficio es alrededor de 12 mil pesos, lo cual puede hacer o llevarlo a cometer un acto de corrupción, lo cual la misma fiscalía debería de hacer una investigación sobre ello.
–¿Y Ya hay denuncia sobre ello?
–Me parece que sí hay ya una denuncia (…). Lo que queremos es pedirle a los colegios de abogados que hagan sentir su pensamiento de esto, que digan lo que pasa al interior de sus despachos, si esto es lo que está haciendo que baje el trabajo para ver a dónde se está yendo el trabajo que tenían.
–¿Hay colegios de abogados ya apoyando esto?
–Sí, hay un colegio de abogados, es un grupo de abogados y varios litigantes los que están teniendo esta situación.
–¿Y qué tan grave es esta situación?
–Tenemos varios factores, para empezar ellos están imposibilitados a tomar dinero por parte de la ciudadanía, pero también tenemos que ver lo que están ganando ellos y esto nos lleva a un círculo vicioso y a un poder ser corrupto, porque para estar en este caso se debe analizar lo que están ganando, porque incluso están por debajo de los policías y son profesionistas.
El activista ciudadano exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realice una investigación en torno a la posible comisión de delitos, pues argumentó que un abogado de oficio no puede hacer cobro alguno a la ciudadanía, ya que su misión es la de brindar el servicio de forma gratuita, toda vez que se trata de un derecho que provee el Estado a los ciudadanos.
Por cierto que acudimos a la Procuraduría Social del estado, dependencia ala que están adscritos los defensores de oficio, para solicitar una explicación; sin embargo, por los dichos del mismo procurador social, Carlos Trejo, en charla con este reportero, éste se desprendió del compromiso de investigar el caso para detectar si hay o no prácticas indebidas dentro del servicio, y así deslindar responsabilidades.
