Encima se desmarcan del caso de niños vejados en kínder de Chapala
En abril pasado, padres de familia informaron a las autoridades sobre lo que estaba ocurriendo con sus hijos, y dieron la cara sólo hasta que el tema reventó en medios, no para explicar sino para argumentar que después del hecho el alcalde mandó hacer “rondines preventivos” en las escuelas
Por Rafael Hernández Guízar
En abril pasado 11 niños fueron agredidos por su maestra de inglés en el jardín de niños “Fray Ruiz Cabañas y Crespo” sufren del daño –según el dicho de los padres– causado por su maestra de inglés, a la que se señala de haber introducido lápices –entre otras cosas– en la vagina de las niñas y haberlas hecho bailar desnudas o con trajes de perro/Foto: Especial
Se deslindó el ayuntamiento de Chapala de los 11 casos de abuso sexual infantil ocurrido en la localidad San Nicolás de Navarro, ayer personal de la administración municipal cayó en contradicciones y trataron de desmarcarse de cualquier tipo de responsabilidad.
En una rueda de prensa a la que citó el alcalde de Chapala, Javier Degollado González, y a la que por cierto nunca se presentó, quedó en claro al menos por sus subalternos su interés por no figurar en la investigación; si bien el ayuntamiento no tiene facultades procuradoras de justicia, fue a este órgano al que acudieron en primera instancia los padres de varios menores abusados sexualmente en el jardín de niños “Fray Ruiz Cabañas y Crespo”.
El primero en deslindarse de cualquier responsabilidad fue el comisario de Seguridad Pública, Adán Domínguez León, quien dijo que al momento, “hay una carpeta de investigación en torno a ella; en este sentido, no puedo dar detalles en torno a qué avances tiene la investigación puesto que no nos corresponde al cien por ciento ello, lo que sí es que los órganos de seguridad pública hicimos un operativo en el municipio para hacer visitas inclusive no sólo a los preescolares, sino a las primarias y secundarias, pero ya procurando que estos niños tengan esta protección”, indicó.
–¿Tienen ya ubicado que exista una red de comercio sexual infantil que opere en el municipio?
–No, y acabamos de tener la reunión con el Consejo Regional de Seguridad Pública en la que nos bajaron la incidencia y estadística delictiva (…) No tenemos ninguna denuncia, no tenemos ningún alertamiento (sic) en el sentido de que debamos aplicar un operativo; de aquel momento cuando se conoció el tema, se atendió, fue instrucción de nuestro presidente que acudiéramos a todos los planteles.
Sin embargo, a pregunta expresa de las acusaciones que padres de familia hicieron sobre que “tanto el alcalde como personal del ayuntamiento” intentaron hacerlos desistir de las denuncias –lo cual obra en testimonios de los mismos afectados compartidos al diario Milenio y Canal 44–, el comisario reiteró tajantemente: “El contenido y el avance en torno a la investigación, le compete al cien por ciento a la fiscalía”.
Por su parte, el síndico del ayuntamiento, Óscar España Ramos, secundó la negativa en torno a las acusaciones que incriminarían la figura del alcalde.
“Negamos rotundamente eso de la acusación en contra del presidente de que haya realizado algunos hechos (de amedrentamiento a los padres de familia) porque ni siquiera creo que haya fundamento de los argumentos para poder hacerlo; si bien es un tema muy delicado para mencionar esos términos sin un algo (sic) que fundamente eso, lo que puedo decir es que desde el primer momento en que se dio cuenta el municipio que es quien preside las quejas de los ciudadanos, tratamos de canalizarlo”.
Asimismo, el comisario dijo que al momento sólo cinco casos se han detectado por parte de ellos entorno al delito de abuso sexual infantil y que estos no han tenido relación entre ello, mientras que por corrupción de menores no se ha consignado a persona alguna al agente el Ministerio Público para su investigación.
José Pablo Ramírez Santos, delegado institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Chapala, cayó también en contradicciones en relación al caso.
Primero, indicó que sí se dieron cuenta del caso el pasado mes de abril; luego, que tuvieron que esperar a que el caso se turnara a Chapala para intervenir, pero dejó en claro que la participación de la dependencia que representa se ha limitado a estar en las declaraciones de las víctimas y sus padres así como en ir a dar pláticas a las escuelas para que “se prevengan estos ilícitos” y que en caso de cometerse, sea denunciados.
“El acto fue acontecido en el mes de abril y fue denunciado por primera vez en Guadalajara, en Ciudad Niñez y nosotros acudimos cuando se turnó al municipio de Chapala, hicimos el acompañamiento a los niños y a las mamás en cada una de sus declaraciones, estamos participando como coadyuvantes en representación de cada uno de ellos, y estamos a la espera del resultado del Ministerio Público…”, señaló.
–Sí delegado, pero más allá de acompañar a las víctimas, ustedes están obligados por la Constitución a denunciar e investigar a fondo, en atención al artículo 1 de la Constitución por los derechos humanos y el 4° por el interés superior de la niñez. ¿Qué es lo que en realidad hicieron para prever posible incidencias en los demás jardines de niños?
–Nosotros estamos actuando con programas homologados de la fiscalía, impartiendo talleres, cursos, escuela para padres, estamos moviendo mucho este tema de prevención para la población de Chapala.
En la investigación publicada ayer por la tarde en el programa de televisión “Para Tomarlo en Cuenta” a cargo de la periodista María Antonieta Flores Astorga en Canal 44, quedó en claro que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se determinó que hubo dilación y mal actuar por parte de la primer agente del Ministerio Público que tomó el caso, lo cual por cierto se constata en la emisión de “medidas cautelares” que dictó la tercera visitaduría; sin embargo, este acto fue pasado por alto por el delegado de la Procuraduría de la Niñez.
A pregunta expresa sobre lo antes señalado, se limitó a decir que como no había ninguna queja que hubiese llegado a su oficina, desconocía el caso, una contradicción más en su discurso a los medios de comunicación.
“Hasta el momento no hubo ninguna queja que nosotros tengamos conocimiento, que alguna mamá hubiera ido con nosotros, no la hay; y como dice el síndico, son cosas que no nos competen”, dijo.
–Pues lo que sí les compete es que al acompañar a las víctimas en sus declaraciones observaron el grado de afectación de las víctimas.
–Así es, bueno las mamás nos pidieron mucho sigilo y yo creo que por respeto a ellas y sus hijos, nosotros nos tenemos que ir a hechos que son reales, ya cuando haya una respuesta entonces, poderla sacar a la luz y decir algo que sea cierto, esto en relación al interés superior del niño.
Previamente fue evidenciado
Casi tres horas antes de la rueda de prensa a la que no acudió el alcalde a fijar su posicionamiento en torno al caso, en el programa de televisión publicado por Canal 44 se dejó en claro también las posturas encontradas, testimonios que revelan un acto desgarrador, pues los 11 niños agredidos “sufren del daño” –según el dicho de los padres– causado presuntamente por la maestra de la escuela a la que se señala de haber introducido lápices –entre otras cosas– en la vagina de las niñas y haberlas hecho bailar desnudas o con trajes de perro.
Sin tratar de prejuzgar, según los señalamientos que hasta el momento se han dado, serían entonces los resultados de los exámenes ginecológicos que practicaría el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) los que pudiesen aportar más elementos para la integración de la carpeta de investigación, y así solicitar al juez de control las medidas correspondientes para formular las imputaciones que den pie o no la comisión del delito de abuso sexual infantil.
Por cierto que según el Código Penal del Estado de Jalisco la pena para quien cometa el delito de abuso sexual infantil, en el supuesto de que así lo determine un juez y se dicte la sentencia correspondiente, sería de entre 12 y 20 años de prisión por tratarse de alguien menor a 12 años de edad.
Trasciende que de encontrase responsabilidad en el caso, según el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se determina que dentro del nuevo sistema de justicia penal, podría ser decretada la prisión preventiva en un delito como el señalado, el abuso sexual infantil, al considerase grave por rebasar los cinco años de pena corporal como castigo al posible responsable.
La FGE apenas pedirá orden de aprehensión
La Fiscalía General del Estado (FGE) apenas pedirá orden de aprehensión en contra de la maestra de inglés, señalada de abusar sexualmente de 11 alumnos del kínder ubicado en Chapala.
Lo anterior trascendió la tarde de ayer. Además, se sabe que tras los exámenes practicados a los infantes por lo menos uno fue ultrajado, mientras que los demás habrían sido acosados sexualmente.
Se espera que en las próximas horas la docente sea detenida en el municipio de Chapala, donde radica, informaron fuentes consultadas por este diario.
El fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes, confirmó que suman 11 las denuncias presentadas contra la maestra identificada extraoficialmente como “Susana”.
El funcionario dijo que los pequeños y sus padres serán asistidos psicológicamente por la FGE: “A la par se trabaja con la Procuraduría de la Defensa de la Niñez y el área específica de menores de la Fiscalía General del Estado, para detectar la cantidad de niños presuntamente afectados. Éste es el inicio de un ilícito que, a la par de las distintas áreas de la Fiscalía General, tendrá que trabajarse para acompañar a las víctimas”, señaló.
