No castigó corruptelas de encargados de OPD
Aunque están previstas sanciones en la ley de responsabilidades, estas son blandas y apoyan más al funcionario corrupto que a su víctima
Para Teresa Brito, contralora del estado, urge que esta oficina “tenga dientes”, lo que ocurrirá con la entrada del sistema estatal anticorrupción
Por Francisco Andalón López
La ley de responsabilidades prevé hasta siete “castigos” previos a la inhabilitación de un funcionario corrupto; además, para reponer el daño causado al erario les dan plazos y sin intereses, entre otras “bondades” de ser funcionario público/Fotos: Francisco Andalón López
Cometer actos de corrupción o irregularidades administrativas no implica mayor problema para los servidores públicos implicados, debido a que la ley de responsabilidades es laxa en este tipo casos.
Según el artículo 65 de dicha normatividad, si el desvío o afectación a la instancia en cuestión no supera las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), antes salarios mínimos, es decir, cuatro mil pesos o si se considera que la falta no es tan grave, prescribirá en seis meses. Pero si se trata de una irregularidad más grave y en tres años tres meses no se sanciona al implicado, la denuncia prescribirá.
Aunque quienes cometan irregularidades administrativas tienen la posibilidad de que se les pase por alto, según lo establecido en el artículo 66 de la ley de responsabilidades.
“Los titulares de las entidades públicas que conforme a la presente ley deban aplicar las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor, y el daño causado no exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en la zona económica correspondiente (8 mil pesos) y, en su caso, sea reparado el daño”.
Según el artículo 72, “las sanciones por responsabilidades administrativas consistirán en: I. Apercibimiento; II. Amonestación por escrito; III. Sanción pecuniaria; IV. Suspensión en el empleo, cargo o comisión sin goce de sueldo, de tres a 30 días laborables; V. Destitución; VI. Inhabilitación de tres meses a seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y VII. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.
Depende de un subalterno de cada Organismo Público Descentralizado castigar a quien fuera su jefe, algo que se podrá evitarse con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, de acuerdo con la contralora de Jalisco, Teresa Brito
Y en el caso del reembolso del daño económico cometido, puede ser en abonos facilitos y sin intereses en un plazo que no exceda los tres años y siempre y cuando no se deje al implicado la posibilidad de recibir de ingresos cuando menos el monto de un salario mínimo diario para su supervivencia.
Destitución sin sanción
En medio de irregularidades administrativas y sin que se haya sancionado a alguno de ellos, fue como los nueve titulares de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) salieron de sus puestos, aunque algunos todavía se encuentran en la administración del Ejecutivo estatal.
Camilo Ramírez Murguía, Instituto de la Artesanía Jalisciense
Su hija Celeste Ramírez coordinaba la muestra gastronómica y artesanal Amantolli, que se realizaba en el Museo Regional de Cerámica de Tlaquepaque, cobraba por los espacios y el dinero era destinado a una cuenta particular. Cobraba entre 300 y 600 pesos a 40 expositores y se realizaba el tercer fin de semana de cada mes.
Metió en la nómina a su yerno, Jaime Iván Piñón González, como coordinador financiero contable, con un salario mensual bruto de 16 mil 236 pesos. Regresó a su oficio de escultor.
Mauricio Navarro Garate, Ciudad Creativa Digital
Dejó perder 30 millones de pesos del Instituto Nacional del Emprendedor para la distribución entre empresas creativas en el estado. Se le responsabilizó del retraso del primer edificio de Ciudad Creativa sobre Baeza Alzaga. Se dijo que seguiría colaborando en proyectos del Poder Ejecutivo sin que se ofrecieran mayores detalles.
Javier Contreras, Sistecozome
Aumentó considerablemente la deuda del organismo; en 2013 recibió la paraestatal con un déficit de 200 millones de pesos y para 2015, la deuda aumentó a 510 millones de pesos, que al final de cuentas provocó que el gobernador pidiera la disolvencia del Sistecozome. Despidió injustificadamente a 300 trabajadores de los cuales 150 interpusieron demandas laborales que en caso de ganar sumarían más de 20 millones de pesos. Otros señalamientos en su contra son el realizar reuniones de trabajo en restaurantes con cargo a la paraestatal.
Daniel Gómez Álvarez, Instituto Jalisciense del Emprendedor
Señalado de haber comprado por adjudicación directa cuatro mil 500 pastelitos con un costo de 50 mil pesos a la empresa Flor de Naranja, de Mariana Peña, quien a la postre se convirtió en su esposa, motivo por el cual fue suspendido por 30 días sin goce de sueldo.
Gabriel González Delgadillo, Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS)
Llegó al cargo sin cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Asistencia Social, puesto que no cuenta con estudios profesionales y sólo concluyó la secundaria, aunque aseguró haber ido de oyente a la licenciatura de administración de empresas de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa).
Se le acusó de haber comprado a su propia empresa equipo de cómputo para el IJAS y se informó que su salida correspondía a un cambio de puesto en la Secretaría General de Gobierno.
Fernando Favela Camarena, Patronato Fiestas de Octubre
Incumplía con uno de los cuatro requerimientos para el puesto, ya que debería ser profesionista en áreas económico-administrativas, abogado o licenciado en derecho, y es licenciado en ciencias de la comunicación.
Fue destituido de su cargo por haber disparado los pasivos durante su gestión. En 2013 el patronato tenía cero pesos en deuda y para enero de 2015, llegó a tener 51 millones de pesos, su valor más alto.
Idolina Cosío Gaona, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (Cobaej)
La Contraloría del Estado llevaba a cabo una auditoría de la que se dijo había varias observaciones que supuestamente se solventaron, entre ellas, el que no se conformó el patronato del Cobaej, que le hubiera permitido llevar a cabo más tareas en favor del organismo y en medio de ese análisis administrativo, dejó el cargo para incorporarse como delegada de la Secretaría de Educación Pública federal en Jalisco.
Irma Alicia Cano, Hogar Cabañas
En la auditoría hecha por la contraloría del estado se detectó que 4.2 millones de pesos de donativos fueron desviados para el pago de laudos perdidos en 2013, puesto que los 49.5 millones que tienen de presupuesto apenas alcanza para el pago de la plantilla laboral, aunque también tiene egresos por más de 59 millones de pesos que se subsanan con los donativos.
Efraín Navarro Durán, Parque de la Solidaridad
Señalado por irregularidades administrativas, dejando de pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la nómina de los trabajadores, retenciones por Impuesto sobre la Renta (ISR) y la parte patronal correspondiente para el fondo del trabajador así como los préstamos de Pensiones del Estado. Aunque Navarro Durán indicó que su salida se debió a diferencias con la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía.
Contralora justifica falta de sanción
Teresa Brito Serrano, contralora del estado, lamentó que no se haya podido sancionar a quienes cometieron estas irregularidades debido a que la Contraloría no tiene “dientes” y depende de un subalterno de cada Organismo Público Descentralizado castigar a quien fuera su jefe, algo que según ella podrá evitarse con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.
“Nosotros terminamos nuestra auditoría y si hay observaciones en firme, corremos traslado al órgano disciplinario del propio organismo, es decir, si estamos hablando de un descentralizado es al departamento jurídico donde mandamos estas observaciones que no se complementaron, que no se solventaron, pedimos un procedimiento administrativo y ahí viene la incongruencia, cómo el titular jurídico le hace un procedimiento a su jefe, esto va a cambiar con el sistema estatal anticorrupción”.
