Descaradas corruptelas con fotomultas: Valencia
Son opacos los contratos realizados por la anterior administración y por esta para tener este sistema, pues al día de hoy se paga mucho más a la empresa prestadora del servicio, además de que con lo que se ha pagado, los equipos ya deberían pertenecer al gobierno del estado, denunció
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Que la Contraloría haga una revisión de estos contratos del 2011 y del 2016 (…), para que aclaren por qué no le han entregado en propiedad lo que venía en el contrato. Y que nos expliquen el sobreprecio de los radares que se fueron adquiriendo, porque no los tiene en su inventario el gobierno del estado”, tronó el legislador emecista/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría
Por existir condiciones irregulares, el diputado emecista Augusto Valencia López formalizó la petición ante la Contraloría de Jalisco para que se investiguen los contratos que tiene el gobierno del estado con la empresa Autotraffic, encargada de la aplicación de las fotoinfracciones.
El legislador dijo que se detectó no sólo la compra a sobreprecio del equipo de fotoinfracción en 2011, sino que a estas alturas el gobierno estatal debería tener ya en su dominio la tecnología para ello –los radares y el software–, cosa que no ha pasado, sin contar el pago de hasta por 15 millones de pesos mensuales que recibe la empresa.
La investigación solicitada iría en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sepaf), la Secretaría de Movilidad (Semov) y quien resulte responsable, por dos contratos que dieron pie a estas irregularidades; en 2011 cuando se compraron las cámaras radares para realizar las fotomultas, y en 2016, cuando se firmó con Autotraffic.
“La información que tenemos de un primer contrato elaborado en el 2011, es que el gobierno del estado compró unas cámaras en 2 millones 800 mil pesos, cuando esas mismas cámaras al día de hoy tienen un costo de 1 millón 250 mil pesos. Estamos pidiendo que se revise esta compra a sobreprecio por parte de la administración anterior”.
Explicó que este contrato obligaba al gobierno del estado a pagar 66 pesos por infracción a la empresa que iba a operar el sistema de fotomultas y que ahora se le paga a Autotraffic 280 por un nuevo contrato que se hizo en 2013, ya en la administración actual.
Lo que hace que cobre alrededor de 15 millones de pesos al mes, cuando antes se daba poco más del millón.
“Estamos pidiéndole a la Contraloría que haga una revisión de estos contratos del 2011 y del 2016 de manera puntual (…), para que aclaren por qué no le han entregado en propiedad lo que venía en el contrato. Y que nos expliquen el sobreprecio de los radares que se fueron adquiriendo, porque no los tienen en su inventario el gobierno del estado”.
Criticó la red de corrupción que existe en torno al funcionamiento de este programa, pues a pesar de que los contratos lo establecen, ni siquiera se cumplen cabalmente otros aspectos básicos como señalética adecuada, campañas de difusión y demás adicionales que ahora se pusieron en duda para su investigación.
“Esto es un atraco a las finanzas del estado. Hay un grupo de funcionarios ligados a una red de corrupción en torno a las fotomultas, y la exigencia que hacemos es que paren ya con el contrato”, aseveró.
