Modificar el financiamiento corresponde sólo a partidos

Legisladora local del Verde Ecologista criticó que el trabajo hecho en el Congreso fue en vano, pues no está entre sus atribuciones decir cuánto toca a cada partido

Por Elizabeth Ríos Chavarría

La diputada del PVEM Érika Ramírez Pérez señaló sobre la reforma electoral realizada en Jalisco que con ella “estamos violentando estos derechos constitucionales del legislador federal, porque el regular el financiamiento público para reducirlo no es una atribución de nosotros”/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría

La diputada del PVEM Érika Ramírez Pérez señaló sobre la reforma electoral realizada en Jalisco que con ella “estamos violentando estos derechos constitucionales del legislador federal, porque el regular el financiamiento público para reducirlo no es una atribución de nosotros”/Foto: Elizabeth Ríos Chavarría

Es facultad de legisladores federales y no locales decidir el financiamiento público que reciben los partidos políticos en la entidad; no se puede engañar a la gente, pues lo que se aprobó al respecto no podrá ser aplicado, defendió la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Érika Ramírez Pérez.

Luego de que se diera a conocer en días pasados el recurso de anticonstitucionalidad que el PVEM interpondría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la diputada salió en defensa de esta acción al asegurar que la reforma político electoral que se aprobó en el Congreso de Jalisco el pasado 1 de junio, transgredió funciones y derechos en cuanto a las prerrogativas de los partidos y la paridad horizontal respectivamente.

Al haber elaborado el documento para la impugnación, el cual ya se mandó y se presentó por la dirigencia nacional, Ramírez Pérez explicó en entrevista para Página 24 que con este recurso pretenden que la SCJN revise la reforma aprobada para que determine si en estos dos temas se hizo o no bien el trabajo.

“Desde la reforma del 2014 la reforma político electoral que se realizó a nivel federal, en la Constitución se estableció cuáles son las facultades tanto a nivel local como a nivel federal; es decir, no podemos hacer o legislar en cuestión de partidos, en cuestión de financiamiento, porque ya fue una atribución que se le dejó al legislador federal (…). En la reforma que se realizó en el estado estamos violentando estos derechos constitucionales del legislador federal, porque regular el financiamiento público para reducirlo no es una atribución de nosotros”.

Aseguró que lo aprobado por sus homólogos, no se puede aplicar pues dentro de las mismas modificaciones que se hicieron se presentaron algunas omisiones, que haría imposible su funcionamiento.

“Nosotros votamos en contra porque el engañar a la gente no es correcto, sí ahorita se puede decir que ya se aprobó ¿pero realmente se va a aplicar? ¿Realmente se hizo lo correcto? Aunque no se hubiera presentado la acción de anticonstitucional, tal como está la redacción no se puede aplicar, tiene demasiados errores y les faltó y modificar más artículos. Al final de cuentas el instituto electoral cuando quiera hacer la repartición del financiamiento público no va a poder porque todos los elementos que pusieron unos son inexistentes o están incompletos”.

En cuanto al tema de paridad horizontal en las alcaldías, la diputada explicó que ello afectaría a la población de los municipios que deseen reelegir a su alcalde, pues la reforma estableció que 50 por ciento de las candidaturas deben ser ocupadas por mujeres.

Por último, aceptó que el recurso podría tomar buen camino, pues al respecto ya existen antecedentes en otros estados; por lo que solo será esperar que la SCJN les haga observaciones para que los articulados de estos temas queden invalidados, y el resto de la reforma se salve.