Para que no sea juez y parte: Roberto López Lara
La iniciativa presentada por el secretario de Gobierno de Jalisco plantea el retorno de la Secretaría de Seguridad, que el gobierno estatal se encargue de la vigilancia policial y la FGE brinde justicia
Por Francisco Andalón López
La intención del Ejecutivo estatal es cumplir con lo que manda el artículo 21 constitucional, además de lograr una ley que garantice el combate a la corrupción de forma transparente, explicó Roberto López Lara, secretario de Gobierno/Foto: Cortesía
Regresará la Secretaría de Seguridad del estado por la reforma que se pretende sea aprobada para que la Fiscalía General del Estado (FGE) sea un ente autónomo en la que estará la Fiscalía Especial Anticorrupción, reconoció Roberto López Lara, secretario General de Gobierno, con lo que se esperaría que esta instancia no se convierta en juez y parte.
“Porque así lo manda el 21 constitucional, así nos lo está marcando nuestra Carta Magna, todo el tema de seguridad pública está bajo el cargo del estado”, señaló el funcionario estatal en conferencia de prensa.
Aunque esta iniciativa se modificó con respecto a la que había enviado el mes pasado al Congreso por Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en la que pretendía que la fiscalía general y la especializada en anticorrupción fuera dependiente de la misma, con lo que no se lograría que fuera autónoma.
“Es otra visión, porque ahorita ya está una ley anticorrupción y en esa ley anticorrupción, de acuerdo a lo que hemos recabado de todos los organismos que han estado presentes en las reuniones interinstitucionales esta es la información y esto es lo que estamos plasmando de tener una iniciativa de vanguardia que sea lo que están pidiendo los jaliscienses”, según López Lara.
En el caso del fiscal general, se mandará una terna al Congreso del Estado para que sea valorada por los diputados, pero quien le dará el visto bueno será el gobernador en turno, sin que esto implique, según el secretario General de Gobierno, que se trate de una supeditación al Ejecutivo estatal.
En el caso del fiscal anticorrupción, el órgano de participación social del sistema estatal anticorrupción será el que determine la terna, que en este caso será tomada en cuenta por el que se encuentre en funciones de fiscal para presentarla ante el Congreso del Estado para que sean los diputados los que avalen alguna de las propuestas.
Esta reforma que pretende sea avalada por las tres cuartas partes de los 39 legisladores, ha enfrentado de nueva cuenta al Partido Revolucionario Institucional (PRI) con Movimiento Ciudadano (MC), por considerar estos últimos que desde enero de 2015 su fracción parlamentaria había hecho una propuesta de esta índole que fue enviada a la ‘congeladora’, por lo que sólo solicitaron al gobernador y al PRI que se sumen a lo ya presentado.
En el caso del PRI, la intención de la fracción parlamentaria es que se apruebe lo enviado por el Congreso, algo que tendría que ocurrir en un mes, puesto que el plazo establecido para que los estados lleven a cabo la reforma en materia anticorrupción vence el 18 de julio.
