Con reformas al código penal
Diputada pide penas más severas por delitos cometidos durante la custodia de documentos, cohecho, peculado, concusión, aprovechamiento indebido de atribuciones, y enriquecimiento ilícito
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Hoy en día en la ley se castiga más a la ciudadanía que al servidor público corrupto, indicó la legisladora María del Refugio Ruiz Moreno, quien recalcó que esto debe evitarse/Foto: Elizabeth Ríos
Con reformas al Código Penal de Jalisco, en el Congreso local van por la inhabilitación hasta por 20 años del cargo público a todos los servidores corruptos; que se endurezcan las sanciones para aplicar una muerte civil. En rueda de prensa, la diputada local priísta María del Refugio Ruiz Moreno detalló la iniciativa que presentó en la última sesión de pleno. Al estar cerca la votación de las leyes secundarias del sistema anticorrupción, buscará que estas penas queden establecidas.
La inhabilitación hasta por 20 años se dará en los delitos de cohecho, peculado, concusión, delitos cometidos en custodia o guarda de documentos, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, así como el enriquecimiento ilícito.
“Realmente creo que si estamos hablando de una ley anticorrupción, si estamos apostándole el estado a que debemos de cambiar el comportamiento de los servidores públicos para no dañar a la ciudadanía, es una gran apuesta, porque la realidad debe basarse en lo que la ciudadanía quiere. Queremos que las personas que estén en el servicio público, el que nos esté atendiendo en las instituciones públicas, pues sea gente correcta y gente de bien”, señaló la priísta.
Resaltó la importancia de endurecer las penas, pues hoy en día en la ley se castiga más a la ciudadanía que al propio servidor público. Por ello, con las reformas, se buscaría también actualizar el registro único de sentenciados inhabilitados, así como de las empresas que se prestan a hechos de corrupción a fin de frenar la vida pública del o los castigados. El registro sería abierto a todos y de consulta obligatoria para las entidades que incorporen a un servidor público.
Esto, señaló, a fin de acabar con las malas prácticas de muchos, quienes solo se meten al terreno público para tener una entrada más fácil y rápida de dinero, al dejar de lado las funciones que deberían desempeñar por y para el pueblo.
“Creo que en este momento tenemos que ver y vigilar muy de cerca a quienes nos están representando, a quienes están trabajando dentro de las instituciones y que si desgraciadamente quieren venirse a enriquecer del pueblo, pues que el mismo pueblo los señale y los juzgue”, dijo la legisladora.
También destacó la necesidad de implementar la acción de denuncia, pues de nada serviría este tipo de reformas si la ciudadanía no tiene el hábito de denunciar malas prácticas. Más cuando estas modificaciones tendrían más frutos a partir del mismo señalamiento, en contra de algún funcionario que haga uso indebido de sus funciones.
