Derecho a legítima defensa, ambiguo: Especialista
Si alguien defiende su derecho a la vida y lo que es suyo podría incurrir en exceso de legítima defensa, lo que podría costarle hasta la cárcel, sostuvo catedrático en derecho
Por Rafael Hernández Guízar
En el caso de las guardias comunitarias, éstas resultan al margen de la Constitución, aunque moralmente son aceptadas, ante los vacíos de poder en comunidades a lo largo y ancho del país, como único recurso para combatir a los delincuentes que la autoridad se niega a combatir/Foto: Cuartoscuro
“Entre la espada y la pared” se encuentra la ciudadanía en general respecto a la legítima defensa, pues pareciera que las leyes protegen más al delincuente que a las víctimas, sentenció ayer el catedrático y especialista en derecho, Alfonso Ibarra Rivas.
En entrevista con Página 24, sentenció que en caso de que alguien actúe contra otro en legítima defensa, se deben cumplir varias consideraciones especiales so pena de ser considerado como excesivo y recibir un proceso en su contra, pese a haber sido víctima de un delito.
“El ciudadano está entre la espada y la pared porque para que haya legítima defensa, debe haber consideraciones especiales como un ataque injustificado, violento, que no haya superioridad al momento de la defensa, pero es algo que no corresponde a la realidad porque tenemos todos el instinto de sobrevivencia, eso es algo en lo que debemos de plantear que por proteger nuestra vida o la de nuestras familias, podríamos nosotros actuar de muchas maneras”, soltó.
Y es que a la par de la figura de la legítima defensa, existe otra que le acompaña, el exceso en la legítima defensa: “Y entonces una persona que haya sido víctima de un delito y que se haya defendido puede enfrentar un proceso y va a ser sometido a una investigación y quizá tenga que pagar por obtener su libertad”, agregó.
A pregunta expresa respecto a la proliferación de fuerzas de autodefensa que se han dado en el estado ante la nula acción de las autoridades para proteger a las comunidades, Ibarra Rivas dijo que “legalmente no es válido porque la misma Constitución nos lo señala, pero moralmente sí se justifica porque las personas se defienden cuando las autoridades no actúan para resolver sus problemas”, argumentó.
El especialista subrayó que las guardias comunitarias son el resultado de vacíos de poder, movimientos cuya intención es dejar son efecto la actuación de bandas delincuenciales en las comunidades que la autoridad se niega a combatir.
