Tendrán segunda oportunidad: Diputada
Las reformas también son para que empresas no pidan como requisito obligatorio este documento, a fin de no vulnerar los derechos humanos de quien se reintegra a la vida laboral
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Ya no debe de solicitarse la carta, porque nosotros consideramos desde un inicio que ese documento es discriminatorio, es recaudatorio, y que además no tienen por qué estar publicando datos personales porque la misma ley lo prohíbe”, explicó la emecista Martha Villanueva Núñez/Foto: Francisco Tapia
Por ser un documento discriminatorio que no hacía más que señalar o estigmatizar a las personas que purgaron pena por algún delito, en el Congreso del Estado se aprobó el dictamen que anula la emisión de la carta de antecedentes penales para aquellas personas que lograron su libertad; con esto, se proporciona una segunda oportunidad a las personas, declaró la diputada proponente de esta iniciativa, la emecista Martha Villanueva Núñez.
Al ser entrevistada por Página 24, la legisladora local explicó que aunque esta propuesta no gustó mucho ni fue bien recibida por la iniciativa privada, lo ya aprobado ayudará a aquel quien haya purgado pena, a fin de que se reintegre en la vida laboral sin que sea juzgado por delitos ya pagados.
Sin embargo, sí enfatizó que la propuesta contiene sus excepciones, tales como las sentencias derivadas de la comisión de delitos como trata de personas, delincuencia organizada o secuestro; así como todos aquellos que deseen trabajar en algún cargo público o con niños.
“Ya no debe de solicitarse la carta, porque nosotros consideramos desde un inicio que ese documento es discriminatorio, es recaudatorio, y que además no tienen por qué estar publicando datos personales porque la misma ley lo prohíbe. Más bien quedaría ya como un derecho si se llegara a sentir señalada (la persona), pero que no sea obligatorio que alguien que va a buscar trabajo y que ese sea uno de los requisitos que se le piden”, explicó Villanueva Núñez.
Con reformas al código penal en sus artículos 30 y 30 bis, se establecería que al momento en que se dicte libertad a quien haya purgado ya una pena, de manera inmediata el juez encargado del caso tendrá que solicitar al fiscal de Jalisco y al director de Ciencias Forenses que se cancele todo registro, para efectos de la emisión de la constancia de no antecedentes penales.
No obstante, la emecista reiteró que las reformas también son para que la empresa no pida como un requisito obligatorio mencionada carta, a fin de no vulnerar los derechos humanos de quien desea reintegrarse a la vida laboral. Esto a pesar de que la propuesta no agradó a la iniciativa privada, por el posible riesgo que pudiera existir.
