Mientras tanto, índice de secuestros va en aumento
Jalisco a nivel nacional ocupa el tercer lugar en el delito de desaparición forzada, dato que orilló a Aristóteles Sandoval a la propuesta de dicha fiscalía
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Con las penas ya reforzadas, Jalisco se suma a la lista de estados que ya cuentan con castigos similares como lo son el Estado de México, Morelos y Veracruz/Foto: Cortesía
Casi por mero trámite, sin cambios y ni discusión, diputados locales aprobaron ayer en el Pleno del Congreso local la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el incremento de penas a los feminicidas y la creación de una Contraloría Interna en el Poder Legislativo.
Luego de que ayer por la mañana se sometieran a discusión mencionados dictámenes en Comisión de Puntos Constitucionales, estos se turnaron a sesión de Pleno para su aprobación. Al menos las primeras dos iniciativas ya aprobadas son las mandadas por el Gobierno del Estado, a cargo de Aristóteles Sandoval –en el caso de penas a feminicidas, se homologó también con las demás presentadas por diputados-; mientras que la referente a la contraloría, combinó lo presentado por el legislador emecista Augusto Valencia y sus homólogos del Partido Acción Nacional (PAN).
En cuanto a la creación de la fiscalía para personas desaparecidas, ésta nueva dependencia se encargará de coordinar, dirigir y supervisar investigaciones para la búsqueda de personas, perseguir los delitos relacionados, así como la prevención del secuestro o desaparición forzada.
Cabe recordar que mencionada iniciativa nace desde el ejecutivo estatal, a fin de combatir el problema de desaparecidos en el estado, pues Jalisco a nivel nacional ocupa el tercer lugar en dicho delito. Por ello, y con recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de este año, la fiscalía arrancará con un monto de 3 millones 561 mil pesos que saldrán del rubro de investigación y persecución de personas no localizadas y desaparecidas.
Sin embargo, y una vez que la aprobación de esta fiscalía quede asentada en la publicación del Periódico Oficial, el Gobernador del Estado tendrá 90 días para realizar las adecuaciones correspondientes; por lo que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), será la encargada de gestionar y hacer los cambios presupuestales y administrativos para su funcionamiento, dentro de los siguientes 180 días hábiles posteriores a su publicación.
Mayores penas a feminicidas
Por otro lado, y dentro de lo aprobado, diputados asentaron reformas en el Código Penal a fin de incrementar las penas a quienes comentan feminicidio de 40 a 70 años de prisión y una multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
A pesar de que la iniciativa tuvo el visto bueno general por ser la presentada por el Gobernador del Estado, ésta “homologó” la propuesta con anterioridad presentada por la diputada priísta Claudia Delgadillo González, quien también establecía penas más fuertes para feminicidas, por sobre las establecidas en el Código Penal Federal, que en la actualidad establece castigo con prisión de 40 a 60 años.
Aunque ambas iniciativas manifestaban penas a funcionarios que entorpecieran o fluctuaran de manera deliberada las investigaciones en torno a estos delitos, al final estas fueron retiradas de la propuesta, pues de acuerdo a diputados, mencionados castigos –de uno a cuatro años de prisión- ya se plantean en el Código Penal en su artículo 154.
El delito de feminicidio refiere a quien prive de la vida a una mujer por “razones de género”, es decir, cuando en la escena de desprendan inicios de humillación o denigración por parte del agresor hacia la víctima; cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado a un lugar público; y cuando se presenten signos de violencia sexual de cualquier tipo.
Con las penas ya reforzadas, Jalisco se suma a la lista de estados que ya cuentan con castigos similares como lo son el Estado de México, Morelos y Veracruz.
Contraloría en el congreso
La Contraloría Interna del Congreso del Estado se encargará de vigilar transparencia, fiscalización, contabilidad y eficiencia de las actividades internas del Poder Legislativo. Esto nace, con el fin de crear un órgano técnico que no dependa o tenga influencia de ningún partido político. Por lo que dentro de lo aprobado, también se adicionó el procedimiento para elegir al Contralor del Poder Legislativo.
Entre los principales requisitos para la elección del titular de este órgano se encuentran: contar con experiencia mínima de tres años en materia de auditoría; no ser miembro de ningún partido político y no haber sido candidato a cargos de elección popular en los últimos cuatro años; no tener parentesco de consanguinidad con ningún integrante de la asamblea legislativa; y acreditar conocimientos en materia de auditoría y responsabilidades mediante la aprobación de un examen de conocimiento.
Además, el postulante tendrá que ser propuesto por la ciudadanía, será electo en los próximos 60 días naturales a la publicación del dictamen en el Periódico Oficial, y tendrá facultades que antes desenvolvía la Comisión de Responsabilidades, la cual de ahora en adelante solo se hará cargo de la resolución de los juicios políticos.
