Cuando los delitos no tengan que ver con secuestro
Va contra los derechos humanos que quien ha purgado su condena no tenga una segunda oportunidad. Sin embargo, la norma no aplicará para quien aspire a cargos públicos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“En el caso de que se traten de delitos graves como secuestro, trata de personas o delincuencia organizada no procederá dicha cancelación de registro” de antecedente penal, explicó la diputada Rocío Corona sobre las modificaciones al código penal/Foto: Archivo Pagina 24
En comisiones se aprobaron reformas para que todos aquellos que hayan purgado una pena tengan la posibilidad de obtener su carta de no antecedentes criminales siempre y cuando los delitos cometidos no tengan que ver con secuestro, trata de personas o delincuencia organizada; sin embargo, esto no aplicará para cargos públicos o relacionados a seguridad privada.
Ayer en Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso local diputados aprobaron esta iniciativa, propuesta por la diputada Martha Villanueva Núñez; y en entrevista, la diputada tricolor y presidenta de mencionada comisión, Rocío Corona Nakamura, explicó en qué consiste.
“Se cancela la carta de no antecedentes penales cuando una persona ha pagado una deuda con la sociedad, cuando ha purgado su pena en prisión, debe de tener la oportunidad de encontrar trabajo sin que se le persiga el estigma o la huella del pasado. Nadie puede ir por la vida con una marca por algo que ya pagó. Esto va en contra de los derechos humanos”.
Con reformas al código penal en sus artículos 30 y 30 bis –explicó–, se establecería que al momento en que se dicte libertad a quien haya purgado ya una pena, de manera inmediata el juez encargado del caso tendrá que solicitar al fiscal de Jalisco y al director de Ciencias Forenses que se cancele todo registro, para efectos de la emisión de la constancia de no antecedentes penales.
Además, y para no dejar algún vacío que pueda crear suspicacias, esta norma no aplicaría a cualquiera que aspire a ocupar un cargo público, en alguna institución de seguridad pública o privada, o cuando el empleo por su naturaleza lo exija o lo amerite. Como ejemplo de esto último, la diputada mencionó a aquellos que hayan purgado una pena por algún delito sexual y recurran a algún trabajo en donde niños se encuentren cerca.
“Estamos homologando, estamos haciendo las adecuaciones correspondientes a lo que ya fue aprobado a nivel federal y que entró en vigor el 16 de junio del 2016 dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal; donde puntualmente se establece esto que acabo de señalar y una salvedad, que es en el caso de que se traten de delitos graves como secuestro, trata de personas o delincuencia organizada no procederá dicha cancelación de registro”, reiteró.
