Incluso para funcionarios que sean omisos: Claudia Delgadillo
La existencia de la alerta de género no ha impedido que el fenómeno aminore, por lo que aumentar las penas hará que los agresores se la piensen dos veces, según la legisladora tricolor
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Que los hombres que asesinen a una mujer, tengan una pena de 40 a 60 años, aquí en Jalisco es de 20 a 25 años. También, que los funcionarios públicos que se encargan de atender el tema de feminicidios, si ellos no atienden puntualmente a la víctima, que sean hasta 10 años inhabilitados”, exigió la priísta Claudia Delgadillo/Foto: Archivo Pagina 24
Reformar el código penal para que las penas por feminicidios aumenten hasta 60 años y se castigue hasta con 10 años de prisión a cualquier servidor público que entorpezca o retarde la administración de justicia en este delito, es lo que diputada priísta buscará implementar desde el Congreso local.
En sesión de pleno, la diputada priísta Claudia Delgadillo González presentó una iniciativa en tres partes a fin de sancionar a quienes violentan a las mujeres; la pena más alta para feminicidas, prisión para servidores que no ayuden a las víctimas como el protocolo lo indica, y eliminar los derechos del agresor que pudiera tener sobre la víctima como la sucesión o la herencia.
La iniciativa plantea reforma al código penal en su artículo 232-bis para que las penas al menos en feminicidas, se homologuen a las establecidas en el ámbito federal.
“Se pide en esta iniciativa se homologue el código penal igual a como está en el federal. Es decir, que los hombres que asesinen a una mujer, tengan una pena de 40 a 60 años, aquí en Jalisco es de 20 a 25 años. También, que los funcionarios públicos que se encargan de atender el tema de feminicidios, si ellos no atienden puntualmente a la víctima, que sean hasta 10 años inhabilitados para seguir trabajando como funcionarios públicos. Y, que el agresor se le cesen totalmente sus derechos a la herencia o sucesión”.
En este último aspecto, la legisladora priísta explicó que aunque poco común de escucharse, sí ocurre, pues cuando el propio agresor es encerrado y ha quedado como heredero de las posesiones de la esposa, éste sin ningún impedimento puede hacerse de ellas.
También señaló que aunque existe alerta de género en ocho municipios del estado, lo cual en teoría obligaría a las autoridades a trabajar más para combatir este mal, la violencia de género continúa siendo un factor predominante en el estado y el país. Por lo que el aumento de penas si bien no logrará erradicar algo impregnado en la sociedad, sí hará al menos que el agresor se la piense dos veces antes de atentar contra la integridad física de las mujeres.
“(El proyecto) sigue la línea que he impulsado durante esta legislatura a favor de los derechos de las mujeres, de los adolescentes, y sobre todo de las niñas y niños. Debemos procurar su integridad física, sexual y emocional (…). Nuestras mujeres merecen toda la protección del Estado, por su particular situación de vulnerabilidad en un entorno de violencia de género”.
