Diputados locales aprueban ley estatal
Por fin se dio luz verde a dicha ley en sesión de pleno del Congreso del Estado. Se busca implementar medidas de prevención y protección para que ejerzan sus actividades con integridad y seguridad
Por Elizabeth Ríos Chavarría
A las personas que laboren o difundan información para algún medio de comunicación digital no se les considerará periodistas, sino activistas de información/Foto: Archivo Página 24
Diputados locales aprobaron la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco. Con varias pautas que establecerán proteger la libre expresión de este gremio, entre las sanciones se establece de seis meses a tres años de prisión a quien impida o reprima la producción, publicación o difusión de algún medio de comunicación.
En sesión de pleno del Congreso de Jalisco por fin se le dio luz verde a mencionada ley propuesta inicialmente por el ex legislador emecista Clemente Castañeda y modificada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN). En la propuesta se establece un trabajo en cooperación del estado con la federación a fin de implementar medidas de prevención y de protección para garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que hagan valer su libre expresión.
Además, se adicionará el delito “contra la libertad de expresión” así como el artículo 309 del Código Penal del Estado de Jalisco quien determinará las sanciones a la obstrucción de la libertad de expresión, hasta por tres años y una multa de 50 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
De acuerdo al dictamen que se encuentra en la página oficial del Congreso de Jalisco en su capítulo III se reconoce como derechos específicos inherentes a la naturaleza de la actividad periodística; la cláusula de conciencia, secreto profesional, acceso a la información y actos públicos, reconocimiento institucional como periodista, protección en misiones o tareas de alto riesgo profesional, y protección pública ante agresiones de terceros.
Entre lo más destacable de la ley se encuentra el de la cláusula de conciencia, donde el periodista tendrá el derecho a solicitar la rescisión de su relación laboral con indemnización, si el medio para el que trabaja le obliga a alterar la línea editorial inicial o aparezca un texto suyo firmado por él, pero alterando la idea o agregando información incorrecta adicional por algún superior jerárquico.
Como una de las modificaciones del mismo dictamen, a las personas que laboren o difundan información para algún medio digital no se les considerará periodistas sino activistas de información, aunque estarán sujetos a los mismos derechos que los primeros respecto a la obtención de datos y acceso a la información.
También se creará un mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas de la información, el cual se integrará por una junta de gobierno, una coordinación ejecutiva y un consejo consultivo los cuales se harán cargo de; determinar, evaluar, suspender o modificar las medidas de prevención y protección, celebrar convenios con las autoridades, presentar dictámenes anuales de la situación en materia de seguridad al gremio, y proponer políticas públicas relacionadas con la ley.
Los artículos transitorios señalan que la Secretaría General de Gobierno deberá emitir la convocatoria estatal pública a organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos, así como en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, para conformar el primer consejo consultivo, dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Una vez emitida la convocatoria, las organizaciones involucradas se registrarán ante dicha secretaría y entre ellas elegirán a los nueve integrantes del consejo consultivo, en un término de un mes a partir del cierre del registro. Después de proporcionada la lista de los integrantes a la secretaría, éste se instalará en un término de 10 días. Al respecto, se precisa en el capítulo respectivo, que se buscará que haya equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
