Ley de responsabilidad patrimonial protege a ciudadanos: Académico
Quienes se vean afectados por actos u omisiones de la autoridad, pueden reclamar el pago de los desperfectos que cauce el ejercicio de la autoridad, en este caso la mala calidad de la calle
Por Rafael Hernández Guízar
La falta de promoción de esta ley y los beneficios que atrae al ciudadano que sufrió un desperfecto en su salud o en su vehículo causa que en muchos de los casos el dinero presupuestado quede sin ejercerse, manifestó especialista en derecho/Foto: Francisco Tapia
Ante la inmensa cantidad de baches que se encuentran en toda la ciudad, el ciudadano cuenta con la protección de las autoridades para que se les repare el daño sufrido por los daños que causan a los automóviles y su salud, aseguró el académico Alfonso Ibarra Rivas.
En entrevista para Pagina 24, el especialista en derecho, resaltó que a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios quienes se vean afectados por actos u omisiones de la autoridad, pueden reclamar el pago de los desperfectos que cauce el ejercicio de la autoridad.
“Es simple y complejo, lo digo porque para una persona con mínimo conocimientos los requisitos, deberá acudir a la instancia responsable, si es un tramo carretero por ejemplo del gobierno del estado, habrá que acudir al gobierno del estado, cada órgano debe tener un área jurídica que esté presta a atender estas reclamaciones; al dárselo por escrito deberá de poner todas las pruebas correspondientes y estoy hablando de fotografías, grabaciones, peritajes y el órgano en un término de 30 días deberá de darle una respuesta. Es un procedimiento complejo porque interviene la ley de procedimiento administrativo y en auxilio de esto, incluso el código de procedimientos civiles”, dijo.
–¿Debe entonces hacerse a través de un abogado?
–Necesariamente; voy a dar un tip, y es que mucha gente ante la carencia de conocimiento, recurre a la Comisión de Derechos Humanos, ésta recibe las pruebas e integra un expediente y hace una recomendación, pero ahí brincas esto y ellos hacen este procedimiento; mucha gente lo ignora pero podría hacerse a través de ellos.
–¿No es esto más tardado?
–Sí, y la ley es muy precisa, dice un término de 30 días, pero en la práctica no sucede. Muchos ayuntamientos que son sumamente pobres y no tienen un área jurídica eso va a limitar el tiempo de respuesta o incluso negarla, negar la respuesta es un fenómeno que se multiplica en los 125 municipios y mucha gente recurre al amparo, por ejemplo, pero tenemos que entender que sí hay suficiente recurso para que se haga con el tiempo que se marca la ley.
–Los requisitos son el nombre del quejoso, sus generales, el lugar donde ocurrió el evento, el día del hecho, la autoridad responsable, todos los requisitos que debe de llevar una demanda civil para que se igualen, son requisitos muy elementales.
–¿Si la instancia adecuada no responde entonces escalamos esto ante el Tribunal Administrativo?
–Este sólo lo hace cuando la primera instancia no responde favorablemente, pero hay que acudir al pleno del tribunal, no a las salas.
–¿Es decir que se trata de una revisión?
–Sí, a la decisión si no es favorable del quejoso. Es algo similar al juicio de nulidad.
Pero la falta de promoción de esta ley y los beneficios que atrae al ciudadano, causa que en muchos de los casos el dinero presupuestado quede sin ejercerse, agregó.
“Hay un subejercicio, tanto los ayuntamientos como el gobierno del estado deben de tener un dinero para esa materia, si termina el año esos recursos no se ejercen y esto quiere decir que la gente no está demandando, obviamente por falta de conocimiento”.
Y abundó en esto, urge que se dé mayor difusión al ejercicio de dicha ley.
“Porque a pesar de que fue creado para reparar los daños, este ordenamiento no se ha difundido como se merece por alguna razón, quizá el gobierno del estado o sus ayuntamientos no le han dado la publicidad que necesita porque, tenemos amplios sectores de la población que ignora que esto se tiene, y pese a que han transcurrido 13 años, la gente no está tramitando los beneficios de esta ley, es una problemática”.
Alfonso Ibarra resaltó que desde el 2003 se creó esta ley que protege al ciudadano y que por ende, debe ser exigida la reparación del daño a las instancias administrativas que dejen de lado su responsabilidad para los gobernados.
