Violan sus derechos humanos
Los bajos salarios y la posibilidad de ser despedidos sin indemnización de ley, podría ocasionar que los elementos de seguridad se vinculen con el crimen organizado
Por Elizabeth Ríos Chavarría

Durante un foro celebrado al interior del Congreso del estado, especialistas debatieron sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran los policías en Jalisco/Foto: Francisco Tapia
La reforma al artículo 123 constitucional no ha dado los resultados esperados y representa una contradicción de muchos principios constitucionales, ya que no da derecho a la estabilidad de policías y peritos, por lo que es necesario garantizar también los derechos humanos y laborales de este sector, señalaron especialistas.
Expertos y analistas se reunieron en el Congreso del estado para discutir la reforma del artículo 123 constitucional, con el fin de lograr mejores condiciones laborales a los funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que los servidores policíacos gocen de los mismos derechos.
Así lo discutieron expertos y diputados locales y federales dentro del foro que se llevó a cabo en el Congreso del estado, en donde explicaron cómo es importante modificar una reforma federal y escuchar la opinión de los especialistas para plantear situaciones importantes, además de hacer una propuesta adecuada a las necesidades públicas de los servidores policíacos, quienes cuentan con limitadas y precarias condiciones laborales.
Aunque sí concordaron en que un gran número trabaja de manera ilícita y no honesta, también agregaron que con la facultad que tienen las autoridades para despedir a los agentes sin fundamentos, no se les brinda el derecho a una audiencia y defensa, por lo que miles a los que les faltaba poco para jubilarse y que no tenían vínculos con el crimen organizado, son retirados de sus cargos sin los derechos que les deberían corresponder.
Cabe destacar cómo esta reforma constitucional lesiona a trabajadores de más de cien organismos descentralizados en el país y estos deben administrase por un régimen laboral el cual restringe su derecho de asociación, a manifestarse en huelga y a contar con contratos colectivos. Ello sin contar cómo los empleados de confianza, despedidos injustificadamente, carecen del derecho a una indemnización.
Al exponerse durante el foro cómo la ley en sí tiene muchas incoherencias, y existe violación a los derechos humanos y labores de los policías, se recalcó la importancia de hacer notar y comprobar cómo están separadas las figuras y las instituciones con la gente que labora en ellas.
Agregaron que, ante la poca protección que tienen de manera económica y legal, es común que muchos busquen mayores satisfacciones que deriven a prácticas deshonestas, por ello coincidieron también en la urgencia de crear incentivos conjuntos para ciudadanía y agentes de seguridad que permitan una mejor relación de confianza y trabajo.
Dentro del foro se tuvo la presencia de la diputada Martha Villanueva Núñez, el diputado federal Víctor Sánchez Orozco, y los especialistas, Marcos Pablo Moloeznik Gruer, Basilio Verduzco Chávez y José Manuel Escamilla.
