Multas de Hasta Medio Millón si Violan Derechos Humanos
Iniciativa Legislativa Propone Crear un Listado Oficial de los Anexos que Cuentan con Certificación del Gobierno; Serían Supervisados Cada Tres Meses
Por Rafael Hernández Guízar
El diputado panista César Madrigal dijo que en septiembre habrá una mesa técnica con la presencia de autoridades en la materia y representantes de todos los anexos para establecer reglas de funcionamiento/Fotos: Cortesía/Francisco Tapia
Multas de hasta medio millón de pesos y responsabilidad penal, plantea una iniciativa de reforma legislativa como castigo para responsables de anexos en donde se violen los derechos humanos. El diputado panista César Madrigal indicó también que la intención es crear un organismo especial que regule y revise este tipo de centros de rehabilitación.
Destacó que habrá un listado oficial de los anexos que cuentan con la certificación del gobierno, y que serán supervisados cada tres meses para constatar que se respete la ley y no se violen los derechos de las personas.
“Este instrumento va a permitir (si prospera en el Congreso) que quien tenga a un familiar anexado, puede tener la certeza plena de que si está en el listado, está certificado por el gobierno y supervisado cada tres meses, no como ahorita, que prácticamente no se supervisan, y estaríamos abiertos a cualquiera queja para que si un centro infringe la ley, no solamente se les clausure o se les multe con una multa máxima de más de medio millón de pesos, y se les inicia un proceso penal y que se les ingrese a la cárcel a quienes estén violando los derechos humanos para que no exista una impunidad como existe en este momento”, dijo el panista.
Agregó que en septiembre habrá una mesa técnica con la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, así como del sistema DIF Jalisco, el Congreso del Estado, y los representantes de todos los anexos en la entidad, además de la Comisión de Riesgos Sanitarios y el Instituto de Salud Mental, la intención será revisar las condiciones en las que se opera actualmente y establecer reglas claras para que haya un funcionamiento adecuado.
Destacó que la intención será evitar los malos tratos y tratamientos denigrantes para quienes ingresan a los centros de desintoxicación: “Que quienes atiendan estos anexos sean médicos certificados, enfermeras y psicólogos certificados, se está buscando también que haya un padrón de centros certificados y la creación de un organismo que los pueda regular para que se eviten las torturas y malos tratos, y finalmente que la sociedad civil pueda estar involucrada en este tema a través de un consejo ciudadano que va a estar plenamente identificado”.
Cabe destacar que al momento existe alrededor de mil 400 centros de rehabilitación conocidos como anexos en todo el territorio jalisciense, varios de estos no cumplen con la normativa que se tiene hasta el momento, por lo cual dicha reforma para la creación de una nueva ley en la materia pretende incorporar a todos a un padrón oficial.
