Ante “la Indiferencia e Indolencia en la Procuración de Justicia”
Por Rafael Hernández Guízar
Carlos Lomelí destacó que “cuatro de cada 10 personas mayores aún viven en condiciones de pobreza y que muchas dependen económicamente de sus familiares, y bajo este contexto, hace que sean más vulnerables a abusos y fraudes patrimoniales”/Foto: Cuartoscuro
Carlos Lomelí Bolaños, el senador jalisciense del partido Morena, propuso una fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos contra adultos mayores.
De acuerdo con el legislador morenista, la intención es protegerlos sobre cualquier tipo de delito, principalmente de empresas que buscan cometer fraude contra ellos; la iniciativa contempla la modificación de los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a efecto de definir una nueva estructura, funciones y atribuciones para esta nueva fiscalía.
“No obstante, las personas mayores constituyen un grupo vulnerable sujeto a discriminación, abandono, violencia y abusos que requieren una respuesta institucional focalizada (…) necesitamos instituciones sólidas que protejan a quienes más lo necesitan, y por eso la Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores es una pieza clave en este camino. Esta fiscalía, además de perseguir los delitos que afectan a nuestros mayores, garantizaría que sus derechos sean defendidos en todo momento, y se asegurará de que cualquier abuso, ya sea cometido por familiares, terceros o funcionarios públicos, sea castigado”.
Carlos Lomelí, reiteró que es para evitar que sean motivo de abuso, fraudes, así como de “la indiferencia e indolencia en la procuración de justicia”: “Ayudará para que este sector tan vulnerable de la sociedad disponga de una estructura gubernamental que procese con eficiencia la investigación de ilícitos que se cometan en su contra”.
Se refirió concretamente al reciente caso de una empresa financiera señalada por cometer fraude a miles de adultos mayores en varias entidades del país, incluida Jalisco.
“Buscamos protegerlos de esta clase de delitos y de cualquier otro que atente contra su patrimonio y su integridad física”.
Añadió que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que ninguna persona mayor de edad puede ser discriminada o “socialmente marginada” en ningún espacio público o privado, “además de que deben evitarse que se cometan abusos, explotación, aislamiento, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo a la persona, bienes o sus derechos”.
Y es que en términos de impacto social, señaló que no se puede olvidar que “a pesar de los avances, cuatro de cada 10 personas mayores aún viven en condiciones de pobreza y que muchas dependen económicamente de sus familiares, y bajo este contexto, hace que sean más vulnerables a abusos y fraudes patrimoniales, que en muchos casos son cometidos por personas cercanas a ellos”.
La fiscalía tendría la capacidad de investigar estos delitos de manera eficiente y garantizará que las personas adultas mayores sean tratadas con respeto y dignidad, tengan pronto acceso a la justicia y se protejan sus derechos humanos.
Respecto de las modificaciones, en el artículo 11 de la Ley de la Fiscalía General de la República, se contempla crear dicha Fiscalía Especializada dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República, mientras que se adiciona un bis a la fracción VIII del artículo 13 para que se le otorguen facultades a la Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores en la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos que las leyes han otorgado a las personas adultas mayores.
La Fiscalía Especializada de las Personas Adultas Mayores conocerá, por atracción, casos del fuero común o por derivación de otras unidades fiscales al interior de la Fiscalía General de la República, en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales y especiales.