Institucionalizan Beneficios Actuales
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Incluyeron a la Procuraduría Social como un ente rector de la propia ley, para que pueda defender y garantizar el acceso a los derechos humanos de las personas adultas mayores/Foto: Cuartoscuro
El martes por la noche y por mayoría de votos, diputados del Congreso de Jalisco aprobaron una nueva ley de los derechos de las personas adultas mayores en la entidad; con esto lo que se busca es que personas de la tercera edad tengan mayores beneficios y protección.
Tras varias comisiones y agendada de último momento, legisladores sesionaron para tratar varios asuntos entre los que se discutió mencionada ley, la cual fue impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Priscilla Franco Barba.
Entre los beneficios de esta nueva ley, según la legisladora, se encuentra el condicionar la declaratoria de incapacidad para un adulto mayor, sustentada en un diagnóstico emitido por un médico especialista.
También, añadió, se promueve el derecho a que reciban un trato preferencial en los trámites administrativos de prestación de servicios; la apertura de ventanillas de atención preferencial y ventanillas únicas en dependencias estatales y municipales; así como la incorporación de la perspectiva de género en esta materia.
“Hoy tenemos la posibilidad de que las personas adultas mayores puedan tener una mejor calidad de vida. Esta ley lo que está haciendo es reconocer sus derechos, está concentrando y orden para que las políticas públicas en materia de adultos mayores puedan ser a partir de la Secretaría de Asistencia Social, y que esto pueda traer beneficios directos para las personas adultas mayores”.
Con esta ley, explicó, quedaron institucionalizados los beneficios que en la actualidad este sector recibe, tales como el subsidio al transporte público. Además, se promueve su participación para opinar sobre los programas que les atañen.
“Existe un abandono muy doloroso en el estado de Jalisco para las personas adultas mayores, sino que no hay quién defienda sus derechos humanos, y quién haga valer el ejercicio de sus derechos. Por eso también incluimos a la procuraduría social como un ente rector de la propia ley, para que pueda defender y garantizar el acceso a los derechos humanos de las personas adultas mayores. Además, estamos garantizando su independencia”.
De acuerdo al documento, se estableció como obligación la de proporcionar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a adultos mayores, por parte de las dependencias municipales.