Mujeres Académicas y de Instancias Gubernamentales y Civiles
Dialogaron en el CUCSH Sobre las Acciones que la Legislatura Estatal Debe Tomar Para que el Aborto sea Despenalizado Constitucionalmente
Las actividades se centraron en “la reflexión de acciones y políticas públicas necesarias para que en Jalisco haya un acceso al aborto libre y seguro, y que las mujeres ejerzan de manera real su autonomía y sus derechos sexuales reproductivos”/Foto: Cortesía UdeG
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), a través del Centro de Estudios de Género; colectivas universitarias, instituciones educativas, organizaciones civiles y miembros del Poder Legislativo dialogaron en la Jornada de Reflexión sobre la Despenalización del Aborto sobre las acciones necesarias para despenalizar el aborto de manera justa, saludable y sin riesgos en Jalisco.
La Coordinadora de la jornada, maestra Mariana González Márquez, explicó que las actividades organizadas se centran en “la reflexión de acciones y políticas públicas necesarias para que en Jalisco haya un acceso al aborto libre y seguro, y que las mujeres ejerzan de manera real su autonomía y sus derechos sexuales reproductivos”.
Añadió que, además de las mesas de trabajo, se efectuarán actividades culturales para tener distintos puntos de vista, así como una reflexión más crítica y completa de lo que es el aborto y cómo las mujeres y personas gestantes viven sus derechos reproductivos.
En cuanto al ámbito legal, se realizó la mesa “Las obligaciones del Estado”, en la que participaron la diputada Susana de la Rosa Hernández; la Subsecretaria de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencias, de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH), Malena García Trujillo y la responsable jurídica de Ipas Latinoamérica y El Caribe (Ipas LAC), Herma Araujo.
De la Rosa Hernández señaló que el amparo presentado por colectivas y la sociedad civil funge como una obligación a despenalizar el aborto en Jalisco debido a que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el cambio constitucional para proteger el derecho a la salud digna de mujeres y personas gestantes.
Explicó que el Congreso está obligado en los próximos 22 días hábiles a legislar y aprobar la iniciativa que permita a todas las personas gestantes y al personal de salud que realice un aborto, no sean culpabilizados y sean respetados sus derechos humanos.
García Trujillo añadió que es necesario garantizar el aborto seguro en las instituciones públicas de salud, tomando en cuenta que el artículo cuarto constitucional señala que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.
Tomando en cuenta lo anterior, el SISEMH ha mapeado la cantidad de abortos seguros realizados desde 2016: encontró que de 2016 a 2024 se han realizado 342 abortos, de los cuales 87 por ciento se ha realizado de 2022 a la fecha, cifra que queda muy corta a la cantidad de carpetas de investigación que maneja la fiscalía estatal.
“Un punto importante es que en Jalisco el sector salud no realizaba abortos previos a 2022 que no fuera por riesgos fisiológicos, los cuales no son los únicos temas que debemos considerar, puesto que existen riesgos sociales y de salud mental que se deben atender; por suerte, en ese año logramos que dos mujeres accedieran al servicio por problemas de salud mental y enlazamos siete casos a Ciudad de México para realizar abortos seguros y acompañados”, informó García Trujillo.
Desde el Ipas LAC, Herma Araujo dijo que han identificado que Jalisco es uno de los cuatro estados que tienen una resolución inapelable y se ordena al Congreso del Estado a despenalizar y modificar las disposiciones que criminalizan el proceso de aborto.
Agregó que uno de los puntos relevantes, una vez que se legisle, es modificar que las personas gestantes puedan abortar con libertad si así lo desean y no sólo en caso de violaciones o riesgo a la salud o la vida.
Entre las acciones que debe tomar el Poder Legislativo estatal al despenalizar el aborto, las ponentes consideraron la creación de un presupuesto público para la atención a mujeres y personas gestantes que requieran del procedimiento, diagnóstico seguro, erradicación de las etiquetas o juicios y una educación constante del marco legal a los prestadores de servicio de salud para que no teman represalias al realizar procesos de aborto.