“La Contralora, Cinthya Cantero, es Cómplice”

Por Rafael Hernández Guízar

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Fernando Garza Martinez, regidor panista fue categórico al destacar las omisiones perniciosas que han sido características de “la gris y opaca labor de la contralora municipal” Cinthya Cantero Pacheco / Foto: Francisco Tapia

El regidor y ex presidente municipal lamentó que el ayuntamiento tapatío sea la casa de la risa: un manicomio donde el único que parece cuerdo es tratado de loco ante el crecimiento desmesurado del comercio ambulante y las ganancias millonarias que han tenido ilegalmente los líderes de ambulantes y algunos trabajadores del ayuntamiento.

Fernando Garza Martínez, regidor panista y expresidente municipal tapatío, destacó ayer que es aberrante que se nieguen en el ayuntamiento a aplicar los reglamentos que prohíben el ambulantaje, y que por el contrario, este ha crecido de forma exponencial.

Indicó en la sesión de Cabildo celebrada ayer que aportó ya las pruebas suficientes a la Contraloría Municipal para que se investigue tanto el aumento de ambulantes, como el cobro que se hace por parte de inspectores y otros empleados de la administración pública –como el superintendente del Centro Histórico Juan Manuel Munguía- pero que, incluso, pese a la denuncia que él mismo presentó, no se ha hecho nada por si quiera investigar, mucho menos por sancionar a nadie.

“Ya hizo del centro un tianguis. Cuando no están aquí en los portales, están acá, están allá, siempre tenemos vendimias, ¿que o hay mercados o no hay otras cosas?, ¿o hay negocio?”, dijo.

Y siguió: “Denunciamos, contraloría tiene hace tiempo la información, los testimonios de las personas de cómo les piden dinero, concretamente aquí en la calle de Zaragoza, y a siete meses, ocho meses, no hemos tenido una sola respuesta y, para acabarla, regresaron ya a Juan Manuel Munguía al Centro Histórico”.

En este sentido fue categórico al destacar las omisiones perniciosas que han sido características de “la gris y opaca labor de la contralora municipal” Cinthya Cantero Pacheco.

Cuestionó no sólo el por qué la misma no ha actuado, sino el hecho de que pareciera que la misma los protege al no abrir las investigaciones correspondientes y sancionar en caso de ser procedente a quienes resulten responsables de en primera instancia, omitir el desempeño de los reglamentos municipales que prohíben el ambulantaje, y segundo, de los posibles actos de corrupción que se desencadenen de esto ante los señalamientos de los cobros que se hacen “por debajo del agua” –coloquialmente aplicado- por inspectores y otros empleados municipales.

“Además de que hice la denuncia, llevé cinco testigos, que atestiguaron y dieron su testimonio, a gente de la contraloría, y no ha pasado nada. Siguen igual, cada semana hay eventos. La semana antepasada estuvo un evento frente a Plaza de Armas, la siguiente, alrededor de la Presidencia Municipal, ahora estuvo ahí, una carpa por Pedro Loza entre Hidalgo e Independencia, el centro es un tianguis, es puro negocio que está manejando la gente del Centro Histórico, y no hacen nada, se lo he demostrado a la contralora y no hace nada”.

Y no paró ahí. Destacó que es inexplicable cómo se le permitió al superintendente del Centro Histórico de Guadalajara, Juan Manuel Munguía, regresar a su cargo: “Para colmo había pedido que retiraran a Juan Manuel Munguía y ya regresó. Y a pesar de que lo había retirado nunca se fue, pero él seguía acudiendo, esa es la situación, y los señalamientos de corrupción están claros y nadie hace nada”, dijo.

Categóricamente, destacó uno de los casos más sorprendentes de Guadalajara, es la forma en la que se ha dicho públicamente por exvendedores ambulantes en la zona de Chapultepec, sitio donde se ha señalado las corrupciones que se tienen con la explotación del espacio público al permitir que dos supuestos líderes de comerciantes de nombre Sonia y Crendo, obtengan ganancias millonarias al cobrar a la gente por vender en el espacio público, todo esto, en coordinación con el ayuntamiento pues les permiten estar ahí pese la prohibición expresa que se tiene en el reglamento de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios, así como en lo que se refiere al comercio en espacios abiertos.

Además, en este sitio, se ha dicho que hay explotación de mujeres indígenas, madres solteras y personas con necesidad, además de una posible red de abuso a menores de edad, pero nada de esto ha sido suficiente para que por parte ni del ayuntamiento de Guadalajara, ni de la contraloría municipal, ni de la misma fiscalía, hagan investigaciones ante la clara comisión de delitos.

“Ve a Chapultepec, ve a ver cómo está por allá. (…) En Chapultepec, todo lo que se pone todos los días hay algo, y ahí no quieren actuar, no sé por qué, no sé qué están esperando. Cinthya Cantero está nadando de muertito, esta como esperando a que Pablo Lemus Navarro se la lleven de contralora en el estado, allá va a hacer lo mismo que hace acá en Guadalajara, nada. Es una contralora que pusieron para tapar las corruptelas de la administración. Ella tuvo lo de las patrullas y nunca resolvió nada, lo de los caballitos del carrusel, y nada; nunca hace nada”.

Indicó que en Guadalajara no hay respeto al Estado de Derecho puesto que los reglamentos municipales, y cualquier otro ordenamiento “se lo pasan por el arco del triunfo y cuando bien les va”, dijo, y aseveró que no es imposible meter en cintura a los ambulantes, pues recordó que cuando él fue alcalde, se enfocaron en la aplicación del reglamento que lo norma, y con ello, dijo, fue suficiente para que la ciudad “dejara de ser un tianguis”.

“Están acostumbrados a hacer negocio, venden todos los espacios. Si quieres ponerte en Pedro Loza, como la que pasó que era una feria de artesanías indígenas, pero hay chuchería y media, son puros pretextos para vender los espacios, sí entra un dinero que es lo menos. Yo puse cinco personas de cómo les cobraban en la calle Zaragoza y no hizo nada la contralora”.

Por ello, fue reiterativo en señalar que no se requiere de un plan enorme o de una labor sobre humana para poner orden, ya que basta con aplicar los reglamentos que se tienen en el ayuntamiento para evitar que existan actos de corrupción que dan pie al desbordamiento del comercio ambulante.