Portan Piñata de un Cerdo con la Cara de Alfaro
Por Rafael Hernández Guízar
Ciudadanos protestaron ayer contra la verificación controlada en Jalisco.
Con una piñata de un cerdo con la cara del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, ciudadanos condenaron el modelo de verificación controlada que fue impulsado y creado durante la presente administración, ya que, resaltaron, se trata de un programa meramente recaudatorio y que no ayuda en nada a combatir la contaminación ambiental.
Se condenó también que el gobierno del estado, en coordinación con el Congreso de Jalisco, hayan realizado un compromiso por 19 años con la empresa proveedora del software para operar los centros de verificación que se tienen en la entidad, mismos que en su mayoría son propiedad de inversionistas extranjeros.
Fue condenada también la manera en la que el gobierno de Jalisco realiza las revisiones de los hologramas que deberían de estar pegados en los vehículos, es decir, el comprobante de pago de la cuota que se cobra en los verificentros.
Y es que, a decir de los inconformes, la Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con la Policía Vial, han montado retenes para hacer las revisiones de los vehículos, algo que consideraron como un ataque a los derechos humanos de los jaliscienses y la ciudadanía en general.
Según los manifestantes, es un ataque al artículo 11 de la Constitución, que se refiere a la libertad de tránsito, sin embargo también violan estos operativos a manera de retenes, la seguridad jurídica de la ciudadanía pues violentan el artículo 16 de nuestra carta Magna, mismo que señala que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades, documentos, o posesiones, si no en virtud de un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente que funde y motive su acción.
Lo anterior quiere decir que todas las multas por no haber cubierto el proceso de verificación son inválidas.
Y es que las multas que son aplicadas tanto por la policía vial como por la secretaría de medio ambiente, son en realidad actos administrativos, mismos que al tener como origen la violación de derechos humanos, se convierten en actos ilegales, por lo tanto, son inválidas.