Así ya no se entrampará proceso: Diputados
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Hace un par de días se dio a conocer que un juzgado prácticamente desechó el juicio de amparo que mantenía detenida la elección de la presidenta del Itei, y en este sentido coordinadores parlamentarios expresaron que esperarán a que todos los recursos legales se terminen para poder retomar el proceso en el Congreso de Jalisco.
Natalia Mendoza Servín, una de las aspirantes, fue la que en su momento interpuso el recurso en contra del proceso por considerar que se le violaron derechos. Si bien su juicio de amparo se sobreseyó, lo cierto es que solicitó una revisión. En este sentido, el coordinador del PRI, Hugo Contreras, expresó que en tanto esto no quede resuelto, en el congreso no se podrán mover.
“Respecto a ese caso en particular, si es efectivo que el interesado presentó un recurso, pues tiene que desahogarse previamente y una vez que se resuelva ese recurso, proceder ya la comisión a resolver. Jurídicamente no podría resolverse si está vigente o pendiente de resolver. Hasta que se agoten los recursos que pudieran estar pendientes por la autoridad federal competente”.
La Comisión de Transparencia solicitará opinión al área jurídica para ver qué se puede hacer. Al respecto el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Quirino, coincidió en que se debe revisar el fallo para ver si queda algún pendiente por resolver y en su caso continuar o no con el proceso.
“Queremos ser muy cuidadosos y precisamente como apenas sucedió, nos está revisando el jurídico para que si solamente este era el pendiente por resolverse, que ya prácticamente está resuelto para poder continuar, en este supuesto sí podríamos continuar con el proceso (…). Celebramos que ya se resolvió esta etapa y estamos revisando si no hay otro pendiente para no cometer un error”.
La coordinadora de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, dijo que se tiene que cuidar la legalidad del proceso, pues el que se haya en primer lugar agregado requisitos “barco” a la convocatoria no solo pone en duda la legalidad del proceso, sino la legitimidad del mismo.
“Yo respeto las decisiones jurisdiccionales de la autoridad, sin embargo, me permito decir que no estoy de acuerdo. Me parece que al habérsele agregado a la convocatoria requisitos que no están en la ley, no se garantizan los derechos de los participantes. Sin embargo, ellos no dijeron que la convocatoria esté correcta, lo que dicen es que podrán opinar si se violaron los derechos de una persona hasta que se realice todo el proceso”.