Adiós a la austeridad republicana

El gobierno de AMLO aumentó el año pasado su gasto real en 60%

Febrero 4, Ciudad de México (apro).- En 2022 las secretarías de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastaron 343 mil 47 millones de pesos adicionales a los que tenían presupuestados; de este mon­to extra, 90% fue absorbido por la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, así como por atribu­ciones adicionales a las secre­tarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la De­fensa Nacional (Sedena).

En su cuarto año de ges­tión, el gobierno de López Obrador utilizó este exceden­te para disparar el gasto en sus políticas prioritarias, entre las cuales destacan sus mega­proyectos de infraestructura ya mencionados –y el Aero­puerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)–, el apoyo a la Comisión Federal de Elec­tricidad (CFE) y Pemex, las labores de contención migra­toria, el reparto de programas sociales y el reforzamiento de la Comisión Nacional del Agua.

En contraste, algunos sec­tores reportaron gastos in­feriores a los que la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); entre ellos destacan el Poder Judicial, el sector Salud –incluyendo el programa IMSS-Bienestar–, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

y la de Infraestructura, Co­municaciones y Transportes, la Fiscalía General de la Re­pública (FGR) y las entidades no sectorizadas.

De acuerdo con el informe anual de Finanzas Públicas que la SHCP entregó a la Cá­mara de Diputados, el gobier­no federal recibió 422 mil 462 millones de pesos de ingresos adicionales a los que contem­plaba el PEF. Cuando elabo­ró el presupuesto de 2022, la SHCP minimizó ciertos ingresos, especialmente los petroleros, y los excedentes ofrecieron a la administración de López Obrador una enor­me cantidad de dinero que pudo gastar de manera discre­cional.

Así, en 2022 el gobierno federal había etiquetado 64 mil millones de pesos para el Tren Maya. Sin embargo, bajo la presión de López Obrador para terminarlo en diciembre de 2023, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo ter­minó gastando cerca de tres veces más: 178 mil 651 mi­llones.

Sumando este monto a los 48 mil millones de pesos gastados en el megaproyecto en 2021 y 2020, y a los 144 mil 662 millones etiquetados para 2023, el Tren Maya tiene actualmente un costo de más de 371 mil millones. En 2018 el mandatario aseguró que el megaproyecto saldría en 120 mil millones de pesos y se in­auguraría en marzo de 2023, lo que nunca fue tomado en serio por los especialistas del sector.

Lo mismo sucedió con la Refinería de Dos Bocas, a car­go de la Secretaría de Energía (Sener), encabezada por Ro­cío Nahle García.

Desde el arranque del sexenio la Sener ha inyecta­do cientos de miles de millo­nes de pesos en Pemex para financiar la construcción del megaproyecto, cuyo costo fi­nal ya rebasó por mucho los 8 mil millones de dólares que prometió López Obrador en un principio.

Este océano de dinero se vio reflejado en los sobregas­tos sistemáticos que ha repor­tado la Sener desde el arran­que de la administración: entre 2019 y 2022, la depen­dencia gastó 690 mil 148 mi­llones de pesos, de los cuales 520 mil millones (75%) no estaban contemplados en los sucesivos PEF.

Sólo en 2022 la Sener tenía aprobados 46 mil 725 millones de pesos, pero gas­tó cuatro veces más: 190 mil 999 millones. El gobierno explicó el sobregasto por la existencia de “erogaciones para el fortalecimiento de Pemex y en la investigación y desarrollo tecnológico en materia petrolera”.

Prioridades

Uno de los incrementos más importantes del gasto, en términos proporcionales, se observó en el Instituto Nacio­nal de Migración, dependen­cia que tenía asignado un pre­supuesto de mil 763 millones de pesos en el arranque del año pero terminó gastando 6 mil 173 millones, 350% más.

La causa: el año pasado el gobierno de López Obrador se alineó con las presiones del gobierno estadunidense para frenar la llegada de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, así como de Cuba, Venezuela, Colombia y Ecuador.

Esta práctica ha sido sis­temática en México: la SHCP suele entregar a la Cámara de Diputados estimaciones de gasto muy bajas para ciertas dependencias, y las aumenta a lo largo del año. Lo mismo sucedió con la propia depen­dencia dirigida por Rogelio Ramírez de la O, que reportó un sobregasto de 49 mil 129 millones de pesos en 2022, 229% de los 21 mil millones de pesos que tenía etiqueta­dos.

La dependencia se otorgó a sí misma un incremento de 37 mil millones de pesos para el sector central, y disparó los gastos del Banco de Bien­estar, Nacional Financiera, Bancomext y Banobras.

La Cancillería, dirigida por Marcelo Ebrard Casau­bon –aspirante a la candi­datura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024–, recibió un monto sus­tancialmente superior al que tenía asignado a principio de año: de 8 mil 99 millones de pesos, sus gastos se elevaron a 13 mil 394 millones de pe­sos. El gobierno explicó este incremento por los costos de defensa de los connacionales en Estados Unidos.

La CFE, dirigida por Ma­nuel Bartlett Díaz, gastó por su parte 102 mil 432 millones de pesos más que el presu­puesto asignado, equivalente a un sobregasto de 23%; Pe­mex recibió 34 mil millones de pesos extra (5.4%), y la Secretaría de Marina (Semar) gastó 8 mil 569 millones de pesos más (22.7%).

El año pasado la Sedena, uno de los pilares principales de la administración públi­ca bajo la gestión de López Obrador, pudo gastar 28 mil 246 millones de pesos adicio­nales a los que tenía asigna­dos –un sobregasto de 27%–, entre los cuales destinó 8 mil millones de pesos a construir “proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional”, es decir, para ter­minar el AIFA.

La SEP y la Secretaría de Bienestar tuvieron aumentos de 17 mil 500 millones y 7 mil 500 millones, respectivamen­te; a pesar de parecer grandes en términos absolutos, estos aumentos representaron va­riaciones pequeñas en propor­ción con sus enormes gastos, de 306 y 382 mil millones de pesos, respetivamente.

Subejercicios

La FGR, que se encuen­tra en el ojo del huracán por las dudas sobre el estado de salud de su titular, Alejandro Gertz Manero, ejerció apenas 15 mil 330 millones de pesos el año pasado, 15% menos del monto que tenía asigna­do, lo que el gobierno explicó por las “menores erogaciones para investigar y perseguir los delitos del orden federal; y en actividades de apoyo admi­nistrativo”.

Este subejercicio resulta difícil de justificar, pues la FGR sigue siendo incapaz de conseguir condenas para 94% de delitos del fuero federal y enfrenta tasas de rezago su­periores a 50%; además está sujeta al descrédito por sus enredos en los casos emble­máticos de corrupción del sexenio pasado, como la Es­tafa Maestra, los sobornos en Pemex o la investigación so­bre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El gobierno también redu­jo de manera brutal los gastos en la SSPC, que reportó un subejercicio de 39 mil 216 millones de pesos, equivalen­te a 42% de su presupuesto asignado, lo que justificó con el menor destino de recursos a la infraestructura de seguri­dad y la operación de la Guar­dia Nacional, así como para la administración del Sistema Federal Penitenciario; ello, a pesar de que 172 de las 288 cárceles federales presentan sobrepoblación.

El Poder Judicial, blanco de ataques recurrentes del pre­sidente López Obrador y tam­bién sujeto de descrédito en la opinión pública –más de la mitad de la población descon­fía de los jueces–, ha sufrido una serie de subejercicios que totalizan 12 mil 474 millones de pesos desde el inicio del sexenio. Para 2022 el subejer­cicio sumó 3 mil 260 millones de pesos, debido a “menores erogaciones del Consejo de la Judicatura Federal”; a estos se agrega el recorte de 14% en el gasto del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El año pasado el gobier­no federal también frenó los gastos en el Tren Transístmi­co, megaproyecto de López Obrador al que el mandatario destina menos atención y re­cursos que al Tren Maya. Así, en 2022 el proyecto erogó 7 mil 209 millones de pesos menos que lo etiquetado, un subejercicio de 37.4%.

En el caso de la Secretaría de Salud (Ssa), la situación resultó paradójica: la depen­dencia tenía un presupuesto asignado de cerca de 194 mil millones de pesos –20 mil mi­llones más que el año anterior– pero terminó gastando apenas 184 mil millones de pesos, con un subejercicio de 5%.

La Ssa reportó un gas­to mayor en su programa de atención a la salud, pero re­cortó de manera drástica sus gastos en el “programa de vacunación” (la reducción fue de 75%) y sus erogaciones en “actividades de apoyo admi­nistrativo”.

Los regalos a Sedena y Semar

Desde el arranque del sexenio, el gobierno federal ha aumentado su gasto de manera constante: de 3 billo­nes 85 mil millones de pesos erogados en 2019, aumentó a 4 billones 43 mil millones de pesos en 2022: 31% más.

En la jerga hacendaria, el gobierno federal incluye los ramos autónomos (integrados por los poderes Legislativo y Judicial, así como los organis­mos autónomos), los ramos administrativos (secretarías de Estado), los ramos genera­les, las empresas productivas del Estado (Pemex y la CFE), los organismos de control presupuestario (el IMSS y el ISSSTE) y los subsidios al ISSSTE.

A diferencia de los sube­jercicios que se observaban en los primeros dos años de gobierno, marcados por una estricta política de “austeri­dad republicana” impulsada por López Obrador, en 2021 y 2022 la administración gastó cientos de millones de pesos adicionales a los que tenía presupuestados, principal­mente en las secretarías de Estado y las paraestatales.

En comparación con 2018, el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la ad­ministración de López Obra­dor aumentó el gasto real en sus ramos administrativos en 60% en 2022; disparó princi­palmente las erogaciones de la Sener (3,292%), la Secre­taría de Turismo (1,799%), la Secretaría del Trabajo y Pre­visión Social (492%), la Se­cretaría de Bienestar (209%), Pemex (78%), la Sedena (64.8%), la SHCP (54%) y la Ssa (50%). También aumen­tó, en menor medida, el gas­to en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu­rales (42%) –principalmente por la Comisión Nacional del Agua–, en la Semar (33%) y en la SEP (23%).