“Si no saben, si no cumplen, que se vayan”, lanzan contra Alfaro
También piden separa del cargo al personal del Instituto Municipal de las Mujeres involucrado en el caso de las muertes de Liliana y Alondra
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Debido a todas las fallas que se evidenciaron con los feminicidios de Liliana y Alondra en Poncitlán, el pasado 31 de enero, el PRI Jalisco exigió que se les separe del cargo y se sancione a los funcionarios de este municipio que con sus omisiones suscitaron esta tragedia.En rueda de prensa, tricolores lamentaron que una vez más el estado le haya fallado a las mujeres, pues a pesar de que existe una alerta de género en Jalisco -desde el 2018- hasta el momento no se han visto acciones concretas tendientes a hacer frente a la violencia contra las mujeres que cada vez más recrudece.
Por ello, y debido a que en el caso de Poncitlán no era la primera vez en que Alondra acudía a autoridades para denunciar violencia familiar, es que se exigió -entre otras cosas- se castigue a integrantes del Ministerio Público y del Instituto Municipal de las Mujeres que no generaron la protección que la víctima solicitó en su momento.
“Que se realice la investigación correspondiente y se separe del cargo, y se sancione, a las personas servidoras públicas que no atendieron con debida diligencia y que por sus omisiones permitieron los feminicidios de Liliana y Alondra. ¿Por qué, cómo vamos a creer que se enteró el agresor de que ellas estaban denunciando? Han salido declaraciones de que alguien del interior le avisó”, aseveró la regidora de Guadalajara, Sofía García.
Exigieron a la Fiscalía del Estado de Jalisco se integre la carpeta de investigación con perspectiva de género y que de verdad se garantice justicia a fin de que estos dos feminicidios no queden impunes; y a la Coordinación de Seguridad y la Secretaría de Igualdad le solicitaron un análisis de riesgo y un protocolo de actuación en todas las instalaciones en donde las víctimas de violencia acuden a denunciar.
También, urgieron a que el gobierno del estado se haga cargo de la reparación integral del daño, y pague gastos funerarios, así como atención psicológica, jurídica y económica a las víctimas indirectas, especialmente a los menores huérfanos; y que se capacite al personal de la Fiscalía en materia de vida.
“El estado es responsable y no puede decir que no puede adivinar qué va a pasar. Por supuesto que tiene que hacer muchas cosas y tiene que ver con establecer protocolos, mecanismos que nos permitan que las mujeres en Jalisco nos sintamos seguras. Vemos casos como el de Puerto Vallarta que se suma al de Poncitlán. Si no saben, que se vayan; si no cumplen, que se vayan; y si no pueden, que se vayan”, aseveró por su parte la diputada Verónica Flores.