Por protestar contra proyecto Iconia
Asimismo, condenó los “actos represivos y punitivos” del gobernador contra los jóvenes, y rechazó “el intento” del mandatario de “concretar la privatización de un predio que pertenece” a Guadalajara
Por Gloria Reza M.
El Consejo de Rectores acusó que la pretensión del gobernador Enrique Alfaro es reprimir a los estudiantes a ejercer su derecho a la libre manifestación y amedrentar a la sociedad civil para que no defienda “reivindicaciones de interés público”/Foto: Octavio Gómez
(apro).- El Consejo General de Rectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) acusó al gobernador, Enrique Alfaro, de criminalizar a través del Poder Judicial a tres de sus estudiantes, quienes mantuvieron una protesta en el Parque Huentitán para evitar que se desarrolle el proyecto inmobiliario Iconia.
Los tres estudiantes, Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios; José Alexis Rojas Umazor e Iván Ilich Vladimir Cisneros González tuvieron que comparecer este jueves a la audiencia de imputación ante el juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos por el presunto delito de despojo con violencia de inmuebles y aguas.
El Consejo de Rectores refiere que la pretensión de Alfaro es reprimir a los estudiantes a ejercer su derecho a la libre manifestación y amedrentar a la sociedad civil para que no defienda “reivindicaciones de interés público”.
A la vez, el Consejo de Rectores condenó los “actos represivos y punitivos” del gobernador contra los estudiantes y rechazó “el intento” de Alfaro de “concretar la privatización de un predio que pertenece” a Guadalajara.
En respuesta, el gobernador señaló que el uso de la UdeG para proteger intereses particulares y atacar a los poderes del estado “no puede continuar”, y que en Jalisco “se hace valer el estado de derecho y quien viole la ley tiene que enfrentar la consecuencia de sus actos”.
También apunta que el Consejo de Rectores de la UdeG miente al decir que el predio de Iconia es público, puesto que se convirtió en propiedad privada desde 2008.
Insistió en que el asunto contra Javier Armenta es un “tema entre particulares en el cual el gobierno de Jalisco no tiene ninguna injerencia”.
