“Es un proceso complejo y costoso”, reviran al ayuntamiento
Por Elizabeth Ríos Chavarría

A decir de la CANIETI, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones requiere de la participación de todos los involucrados, en aras de establecer acuerdos que no perjudiquen la conectividad ni el acceso de ésta a la ciudadanía/Foto: Francisco Tapia
Por considerar que se atenta contra el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y la conectividad, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) impulsó un juicio de amparo contra las disposiciones del municipio de Guadalajara.
Hace unos meses el cabildo tapatío aprobó prácticamente ordenar el cableado aéreo en la ciudad, con miras de migrar al cableado subterráneo ante el desorden que se genera en la materia, sin embargo, a decir de la CANIETI todo lo relacionado al despliegue de infraestructura es un tema que requiere de la participación de todos los involucrados, en aras de establecer acuerdos que no perjudiquen la conectividad ni el acceso a la ciudadanía a la banda ancha y el internet.
“El soterramiento de redes o sistemas para la prestación de servicios públicos en territorio nacional es un proceso complejo que implica un costo elevado y que requiere del análisis particular de cada proyecto, así como del compromiso entre autoridades de los tres niveles de gobierno y prestadores de servicios, públicos y privados, para el trabajo coordinado”, expresó la cámara mediante un pronunciamiento.
Manifestó que en el caso de la industria de las telecomunicaciones no puede concebirse justificación ni utilidad para comprometer los recursos que se requerirían, si al final ese costo podría ser absorbido por los usuarios y a su vez perjudique el acceso a las tecnologías y a una agenda de inclusión digital.
“Respecto a las disposiciones de Guadalajara, la titularidad patrimonial y el dominio del espacio aéreo y del subsuelo pertenecen a la federación. Por ello la CANIETI, con el interés legítimo que le corresponde en materia de telecomunicaciones, ha promovido y continuará promoviendo los recursos legales necesarios en contra de aquellos ordenamientos que pretendan regular el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y atenten en contra de la conectividad de la población”.
Aseguraron que desde la industria de las telecomunicaciones siempre ha habido voluntad para participar -desde el ámbito que le corresponde- en el proceso de reordenamiento del cableado, tal cual ya se ha llevado a cabo en otros municipios del país, con soluciones que no perjudican a los usuarios y garantiza el derecho a la conectividad de la ciudadanía.